Formosa habilitó desde hoy el ingreso de 8.300 varados, pero deben pagarse el hisopado

target=”_blank” alt=”gildo-insfran” href=”https://www.clarin.com/tema/gildo-insfran.html” target=”_blank” title=”gildo-insfran”>Gildo Insfrán, anunció que este miércoles comenzaría el “ingreso masivo” de las y los varados. No se trata de una decisión de gobierno formoseño: el regreso es por el cumplimiento de la resolución de la Corte Suprema nacional. El 19 de noviembre, el máximo tribunal le ordenó a la Provincia que, en un plazo de 15 días hábiles, “arbitre los medios necesarios” para que se permita la entrada al territorio de más de 8 mil personas que no habían podido regresar al distrito.

“Desde mañana se inicia el proceso de ingreso masivo de personas” a la provincia, comunicó el martes Insfrán a través su cuenta oficial de Twitter, donde detalló que “son 8.321 inscriptos en los últimos meses, la mayoría de ellos sin domicilio en la provincia, que deberán ingresar desde zonas con circulación viral comunitaria en un plazo muy breve”.

Daniel Suizer es el abogado que nucleó los reclamos de los varados que accionaron en contra del gobierno formoseño y dice a Clarín que la celebración, por quienes vuelven, no es plena.

“Pese a la órden de la Corte Suprema de Justicia, de que tienen que ingresar los 8.300 formoseños varados y los dichos del gobernador Insfrán, son muchos los que no van a poder ingresar al no contar con solvencia económica suficiente para afrontar los gastos de hisopados que le exigen para su ingreso desde el gobierno de Formosa”, asegura.

El método para volver, como detalla el abogado, consiste en que desde el gobierno de Formosa envían un mail o WhatsApp a la persona varada, en donde le notifican que tiene una determinada fecha de ingreso, pero que debe hacerlo con hisopado negativo, caso contrario, no entrará a la provincia.

“Eso resulta sumamente agraviante para aquellas personas que carecen de recursos económicos, teniendo en cuenta que un hisopado tiene un costo de entre $ 6.000 y $ 8.000, quedando una vez más excluidos aquellos que carecen de recursos por una decisión arbitraria, desigual y discriminatoria”, apunta Suizer.

Es que, según estableció la Corte Suprema, ese ingreso deberá realizarse cumpliendo con las medidas necesarias pertinentes para que las más de 8 mil personas que realizaron el trámite puedan hacerlo “sin comprometer la situación sanitaria de la provincia”.

Insfrán precisó también que quienes regresen se sumarán a las 6.721 personas que ya ingresaron al territorio desde el 21 de abril, día en que se implementó el programa de ingreso ordenado y administrado por parte del Consejo de Atención Integral Covid-19 “para resguardar la salud y la vida de la población”.

Señaló que “además de estos ingresos masivos se continuará con los ingresos habituales y prioritarios por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajadores esenciales”.

“Nos preparamos para que este proceso se realice de la forma más segura posible y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios dispuestos por la provincia. Sostenemos nuestra estrategia sanitaria puesto que nos ha permitido obtener los mejores resultados frente a la pandemia, evitando miles de contagios y salvando cientos de vidas”, detalló el gobernador.

El jueves, la Corte Suprema de Justicia había emitido un fallo en el que dispuso que el Gobierno formoseño debía garantizar el ingreso de habitantes de la provincia que no habían podido regresar al territorio debido a las medidas restrictivas impuestas en el distrito para contener la propagación del coronavirus. Así lo hizo en el marco de un amparo colectivo, presentado por Suizer, que reunía los reclamos de los damnificados por las limitaciones a la libre circulación de personas que impusieron las autoridades formoseñas.

“Aun cuando pudiesen resultar adecuadas a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas por las autoridades provinciales aparecen como limitaciones irrazonables a la autonomía personal frente a la demora para concretar el ingreso de quienes lo requieren, incluso, de aquellas personas que, de acuerdo con la propia reglamentación local, se encontrarían dentro de los casos prioritarios”, había señalado la Corte en su resolución.

AS

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