El exdirector de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cristian Suriano, negó haber participado de maniobras de espionaje ilegal sobre exfuncionarios, empresarios y sindicalistas que
estuvieron presos en el Penal de Ezeiza, pero no pudo justificar por qué algunos informes producidos por el área que encabezaba terminaron en teléfonos celulares de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
El exjefe del área de inteligencia del SPF –según se conoce a la dirección de Análisis de Información- aceptó responder preguntas del juez y de los fiscales en el marco de la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora.
En esa sede judicial, Suriano sostuvo que la información que recababa estaba vinculada a su función formal y tenía que ver con evaluar los riesgos y la peligrosidad que representaban los detenidos, según pudo reconstruir Télam.
Durante la indagatoria, que duró alrededor de tres horas y se hizo a través de la plataforma virtual Zoom, el exfuncionario aseguró que la información recabada en penales del SPF correspondía a los 1800 presos calificados como de riesgo o peligrosidad.
Sin embargo, no pudo explicar por qué en el grupo de whatsapp identificado como “Círculo de Confianza” solo circulaban información sobre los detenidos dentro del programa IRIC, en su mayoría exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.
Aunque su reconoció su relación con el exagente de la AFI y exmiembro del SPF, Jorge “turco” Sáez, también imputado por espionaje ilegal, afirmó que no intercambiaba con él información, sino que podían juntarse a compartir un rato porque se conocían hacía tiempo y Sáez era reconocido por su papel como especialista en recaptura de evadidos.
Suriano también buscó desvincularse de la decisión de colocar al narcotraficante Mario Segovia en el pabellón IRIC, junto a exfuncionarios, en lo que fue la excusa para intervenir los teléfonos públicos de esa zona del penal de Ezeiza y le apuntó por ese movimiento a la exdirectora de esa cárcel, Sonia Álvarez, según pudo establecer Télam en base a testimonios suministrados por fuentes con acceso al expediente.
El exdirector de reunión de Análisis del SPF respondió también sobre la visita que realizó al Penal de Ezeiza un grupo de exagentes de la AFI encabezados por el procesado exdirector de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y lo enmarcó dentro del convenio para intercambio de tecnología suscripto entre el SPF y la AFI a través de sus entonces titulares, Emiliano Blanco y Gustavo Arribas, respectivamente.
Hoy también declaró ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, el ex número dos de Suriano en el área de inteligencia del SPF, Juan Carlos Silveira, indicaron fuentes judiciales.
Ambos están acusados de haber dispuesto y orientado “los recursos técnicos y humanos, para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley, de la que al menos una parte sustancial terminó luego en manos de agentes de AFI y con propósitos de espionaje adicionales”.
“Esta información llegó a manos del Director de Operaciones Especiales Alan Ruiz, Mercedes Funes Silva, Denise Aya Tenorio, Leandro Araque y Facundo Melo, al menos”, habían señalado los fiscales cuando requirieron que las indagatorias de los exagentes del SPF en el marco del denominado “Legajo 9” que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra personas privadas de su libertad, su entornos y hasta sus abogados.
Para llevar a cabo la sistematización de la información recolectada a través del espionaje, “se estableció un mecanismo de identificación por colores a las personas detenidas, se les asignó un Agente de AFI ‘responsable´ por cada detenido y se fijaron objetivos ulteriores de vulneración de su información, mucho más profundo y abarcativo y que en parte también podía ser abastecido desde información proveniente del SPF”, según surge de la imputación.
Entre las víctimas del espionaje ilegal desplegado contra personas que están o estuvieron detenidas se encuentran el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López, el abogado Jorge Chueco, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, el exjefe del ejército César Milani, y el exvicepresidente Amado Boudou.
