Una polémica medida judicial “vulnera el secreto profesional y desalienta la investigación” periodística

las cámaras de seguridad de la zona en la que el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, se habría reunido con una fuente”.

A través de un comunicado, advirtió “la consagración de una nueva medida judicial que conspira contra el ejercicio del periodismo de investigación en causas referidas a hechos de corrupción pública”.

ADEPA criticó que la disposición judicial, en respuesta a una solicitud del procesado empresario Néstor Emilio Otero en una de las causas de los cuadernos, “desconoce la garantía constitucional de protección del secreto de las fuentes informativas”.

Según su análisis, viola el artículo 43 de la Constitución Nacional “al establecer que ‘no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística’, ampara estratégicamente a la libertad de prensa”.

“Medidas como la del juez Martínez de Giorgi desincentivan el periodismo de investigación, criminalizan la labor de la prensa e inhiben a periodistas y a otros ciudadanos que pretendan colaborar con el esclarecimiento de hechos de corrupción. Este tipo de decisiones judiciales, a contramano de nuestra jurisprudencia y de la tradición judicial de Occidente, hubiera obstaculizado una investigación periodística como la del Watergate”, asegura el texto.

Y concluye: “En la orden de Martínez de Giorgi hay una inversión de la lógica jurídica”. “En lugar de poner el foco en los graves hechos denunciados por un periodista, se pone la lupa sobre el propio periodista. La medida cuestiona la investigación de una de las mayores tramas de corrupción y configura una advertencia sobre los riesgos que para los periodistas conlleva la tarea de investigar”, finaliza el comunicado.

ADEPA aseguró que llevará el caso a conocimiento de los organismos internacionales aplicados a la consideración de la libertad de prensa en la región.

AFG

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