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El Gobierno presentó hoy su Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2020-2023, con la que busca que el acceso y uso sostenido de servicios de crédito y modos de pago electrónico sea una política de Estado, de modo de reducir las brechas sociales, territoriales y de género en los próximos años.
En ese sentido, los ejes de la ENIF serán los de acercar nuevos productos y servicios financieros a la población, una activa política de educación y la promoción para la interoperabilidad entre el sistema financiero tradicional y las nuevas plataformas de pago, fomentando la inclusión de los sectores más vulnerables.
“Nuestra meta es que no sólo la población pueda acceder a servicios financieros, sino que tengan una mayor profundidad en su uso, de modo que puedan reducirse las brechas sociales, territoriales y de género que existen en la sociedad”, explicó Diego Bastourre, secretario de Finanzas y presidente del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF), encargado de llevar adelante la ENIF.
El Consejo es un órgano interministerial, creado en el ámbito del Ministerio de Economía, con el objetivo de elaborar e implementar la ENIF e integrado por representantes de 14 dependencias del Estado Nacional, además de contar con la participación externa de más de 20 bancos, universidades e instituciones del sector privado.
Según datos del Banco Central (BCRA), el 90% de las transacciones que se realizan en la Argentina son con efectivo, por lo que hay un margen muy grande para avanzar en la digitalización de pagos.
“Este año se han hecho avances muy grandes. Se abrieron 4,8 millones de cuentas bancarias, gracias a programas como el IFE y el ATP, y crecieron un 40% los puntos de acceso al efectivo. Creemos que esto es una base para progresar y llegar a sectores aún marginados de los servicios financieros”, agregó Bastourre, durante una presentación en el Ministerio de Economía, acompañado por Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género; y Mariano Sardi, subsecretario de Servicios Financieros.
Al respecto, una de las líneas de trabajo del Consejo que tendrá mayor peso en el trabajo es el acercamiento de productos y servicios financieros bancarios a sectores de bajos recursos, adultos mayores, jóvenes, y género.
“El mayor problema para la inclusión financiera no es la oferta de servicios financieros, sino la demanda, en particular de sectores que no tienen acceso a la información, a la educación o a la posibilidad material de tener contacto con ellos. Es sobre esos sectores donde más queremos trabajar”, detalló Bastourre.
La perspectiva de género en la parte financiera “siempre ha sido un terreno ajeno para las mujeres”, aseguró D’Alessandro, para quien a partir de la pandemia se dio lugar “a un proceso inédito de bancarización” aunque eso no implica que esté resuelta la inclusión.
“Muchas mujeres empezaron a emprender y a vender productos a través de Internet como una forma de generar un ingreso extra en la familia en la pandemia. Tener educación financiera les va a permitir mantener ese proyecto en el tiempo y que no sea sólo un trabajo temporal”, apuntó D’Alessandro.
Para avanzar en esta línea está trabajando en el desarrollo de campañas de capacitación virtual, que incluirán una plataforma de educación financiera federal tanto para jóvenes en edad escolar como para sectores de la economía popular e informal, así como de los adultos mayores.
También se acompañará esta política con el fomento del crédito a sectores vulnerables, en articulación con instituciones como el Fondo de Capital Social (Foncap) y la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), entre otras medidas.
En forma paralela a la ENIF, el próximo lunes comenzará a funcionar la primera etapa de “Transferencias 3.0”, un sistema de unificación de mecanismos de pago electrónicos que permitirá que cualquier comercio del país pueda cobrar en forma inmediata y a un costo muy bajo con cualquier billetera digital o tarjeta de débito.
La normativa fue impulsada por el BCRA y cuenta con el apoyo de distintos actores del sector privado, tanto de los bancos como el sector Fintech, para ampliar y promover la digitalización de los pagos en el país.
Este año, la Argentina avanzó a la cuarta posición entre las 55 economías emergentes evaluadas en el ranking global de Inclusión Financiera del Microscopio Global 2020 elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), mejorando en relación a 2019, cuando ocupaba el séptimo lugar.
El principal aporte a la mejora en el ranking se produjo en materia de apoyo gubernamental y de políticas a la inclusión financiera, en especial, en materia de coordinación entre agencias estatales.
