El caso Ciccone sigue haciendo historia gracias a la Justicia nacional. Tan criticados en general, queda demostrado que en los tribunales no se siempre se “duermen” las causas de corrupción.
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El ex vicepresidente de la última gestión de Cristina Fernández había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en su vida por dos delitos de corrupción en agosto del 2018 por el tribunal oral federal 8. La pena fue de cumplimiento efectivo. Desde el juicio oral fue a la cárcel.
Apeló esa decisión ante la Cámara Federal de Casación. Fue ratificada. Siguió preso. Pero insistió. Tras la nueva llegada del poder K, volvió a apelar. Un juez subrogante del tribunal oral 4, Daniel Obligado, ligado a la Justicia militante kirchnerista, y que no había participado del proceso que determinó que Boudou lideró la compra ilegal de la imprenta que podía hacer dinero, cheques, acciones, la ex Ciccone Calcográfica, determinó que el ex vice podía salir de la cárcel debido a la pandemia del Covid. No había elementos serios para beneficiar al ex funcionario con un arresto domiciliario.
El mismo trato podrían haber obtenido miles de otros reos con verdadero riesgo de contagio. Pero son potenciales delincuentes detenidos, muchos de ellos condena firme, que nunca ocuparon cargos políticos. Boudou denunció siempre que su castigo penal era una consecuencia de sus acciones desde puestos relevantes de la administración nacional. No hay un solo indicio de que esa acusación severa tuviera sustento.}
En el juicio de Ciccone declaró el primer testigo que se acogió a la figura de arrepentido en una causa por corrupción en la historia nacional. El acusado, y condenado de haber actuado en la compra ilegal de la fábrica de billetes de modo público, Alejandro Vandenbroele, declaró en el juicio oral del caso durante cuatro horas de modo firme, sólido, aportando documentación, con detalles de la trama impensados y otros no tanto.
Con la vuelta de los K al poder, Vandenbroele terminó siendo el perseguido por el poder: desde el oficialismo se lo acusó de haber montado un guión sobre esta historia porque había cobrado dinero de la gestión de Mauricio Macri. Determinó que era más seguro para él salir del Programa de Protección de Testigos, controlado por La Cámpora desde el ministerio de Justicia. En el juicio, sus revelaciones y documentos no fueron refutados por los principales condenados.
“Soy un preso político”, se quejaba Boudou. Siendo político, vicepresidente, logró remover con denuncias que quedaron luego en la nada al primer juez del caso, Daniel Rafecas, al primer fiscal, Carlos Rivolo, y a un Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Boudou después fue indagado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello. La causa Ciccone pasó así por todas las instancias posibles de los tribunales. Un juzgado y una fiscalía de instrucción, la Cámara Federal de Apelaciones, la Cámara de Casación Penal, un juicio oral y dos veces más por Casación.
La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el último planteo que tenía derecho Boudou de utilizar para agotar todos sus recursos de defensa garantizados por las normas jurídicas.
No fue un preso político.
Es un político preso.
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