El mismo juez que envió a su casa a Amado Boudou debe decidir si regresa a prisión

(TOF 4) quien condenó en agosto de 2018 al ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner a cinco años y diez meses por el caso Ciccone.

En medio de la pandemia de coronavirus, el juez de ejecución Daniel Obligado le concedió el arresto domiciliario a Boudou y ahora deberá definir si continúa bajo esa modalidad o si regresa a prisión.

Boudou quedó preso tras escuchar el fallo del TOF 4 que lo condenó en el Caso Ciccone al encontrarlo responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles en agosto de 2018. Fue recién este año, en medio de la pandemia por el Covid, cuando el 6 de abril el juez de ejecución, Daniel Obligado le concedió el arresto domiciliario. Es monitoreado de entonces por una tobillera electrónica en su casa de Barracas

Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el TOF 4 fue notificado y el mismo juez de ejecución que había resuelto por cuestiones sanitarias y por la falta de firmeza de la condena, concederle el arresto domiciliario, es quien debe volver a expedirse al respecto. Daniel Obligado deberá determinar si la condena se cumplirá en la prisión o continuará bajo la modalidad de la morigeración actual.

El ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner obtuvo el beneficio de la domiciliaria, con un monitoreo electrónico, después de una de las tantas presentaciones que hicieron sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.

 ¿Qué aspectos analizó el juez Obligado? Sostuvo que el actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, “trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió.

Explicando más ampliamente este punto, señaló que Boudou se encuentra en pareja con dos hijos pequeños, “siendo que el grupo familiar” de su compañera “reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar”.

Así, fue que en medio de las liberaciones de presos en el marco de la pandemia, el ex vice de Cristina Kirchner comenzó a cumplir su arresto domiciliario. 

En esa resolución el magistrado analizó otros aspectos, y se refirió a la acusación por cohecho y negociaciones incompatibles por la compra venta de la ex Calcográfica. Señaló entonces, que hay “falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Boudou”, tal como reclamaron los abogados Peñafort y Rúa. Faltaba la confirmación de la Corte que ahora acaba de fallar.

Al resolver fijarle el arresto domiciliario, Obligado sostuvo que la detención debe “ser considerada una medida cautelar llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto”, insistiendo en que la condena por cohecho aún no se encontraba firme, pese a contar con una confirmación por parte de la Cámara de Casación Penal que el año pasado, por unanimidad, confirmó el fallo del TOF 4 que ordenaba la ejecución formal de la pena del ex vice​ en la causa Ciccone, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por la venta fraudulenta de la ex calcográfica.

Ciccone: la máquina de hacer billetes

Cuando la Cámara de Casación confirmó la condena de Boudou indicó que al encontrarse “impedido de efectuar negociaciones en beneficio propio y en perjuicio de los intereses de la Nación”, Boudou “se valió de su amigo personal, José María Núñez Carmona -quien dirigía la actuación de Alejandro Paul Vandenbroele- utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal”.

La maniobra continuó. Una vez en control de la firma, el grupo liderado por el ex vicepresidente -según la resolución judicial-, se “manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda SE, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia” para que “beneficiaran a la ex Calcográfica Ciccone”. En este tramo de la maniobra participaron también, Resnick Brenner y César Guido Forcieri “quienes plasmaron la voluntad de Amado Boudou”, indicó la Casación.

La firma fue financiera y jurídicamente rescatada en forma “ilegítima y pudo contratar irregularmente con el Estado Nacional”, indica la resolución.

En la causa se señaló que el circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou, Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos. También se encargaron trabajos partidarios: la calcográfica imprimió boletas para el Frente para la Victoria.

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