La agroexportadora Vicentin es conducida por un interventor y ya no por un directorio designado por los dueños, desde este jueves, según lo dictaminó el juez de Primera Instancia Civil
y Comercial de Reconquista (Santa Fe), Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la agroexportadora.
El contador Andrés Shocron, que hasta ahora era uno de los tres veedores judiciales en representación de los acreedores nacionales, tendrá funciones de presidente de la compañía. Para el cargo de subinterventor, Lorenzini reservó un lugar para un representante del estado santafesino, que deberá nominar la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina.
El plazo de la intervención es de 90 días hábiles prorrogables; es decir que como mínimo se extendería hasta mayo. Y continuará vigente la veeduría, por lo cual se confirmó en sus cargos a quienes actuaban junto a Shocron: Juan José Lopez Forastier y Daniel Arelovich.
Otro aspecto resolutivo es “la prohibición de modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada”. Y en otros fallos también emitidos también este jueves, el magistrado dio luz verde a contratos con otras firmas comercializadoras de cereales y oleaginosas. Autorizó la celebración de nuevos convenios con Oleaginosa Moreno (Viterra, ex Glencore) y con Renova (la empresa que Vicentin comparte con Viterra).
La resolución llegó exactamente 365 días después –no un año porque 2020 fue bisiesto- de que la empresa se declarara en cesación de pagos, con una deuda estimada en 1.350 millones de dólares. El paso del tiempo no es un detalle más.
Lorenzini fundamentó su accionar más activo en relación al control de la empresa en que transcurridos varios meses y diversos pedidos judiciales, “falta información sobre la operatoria, particularmente en relación al último balance”, que según el juez deja “importantes interrogantes, acerca de (por ejemplo) cuál fue el destino del stock de materias primas (granos) y productos elaborados (harinas, aceites y biodiesel) conforme al balance 2018, en cotejo con el estado de resultados que se acompañó al momento de la presentación en concurso”.
El juez explicó que la intervención “se inscribe con la intención de realizar las tareas que, entiendo, resultarán esenciales para lograr la supervivencia de la empresa. Sin perjuicio de la suerte de sus anteriores dueños y administradores actuales y pasados”. Ese párrafo está medularmente ubicado en la mitad de un escrito de 56 páginas, y el criterio aflora literalmente, o entre líneas, en toda la resolución.
Evidentemente, el gran objetivo de Lorenzini según explicó, es propiciar un rumbo que vaya más allá de la resolución del caso y genere la posibilidad de resolver el conflicto, entendido ello como la posibilidad de que los acreedores cobren sus deudas y se logre algún tipo de continuidad de la operatoria, más allá de quien conduzca o sea propietario de la empresa.
En ese sentido, destacó el magistrado que “no fue posible para los veedores obtener un plan de negocios que permita inferir la orientación de la empresa”. Así justifica que a uno de ellos lo posiciona ahora con mayor autoridad que el directorio.
Aunque no disolvió la representación de los directores designados por los accionistas en la última asamblea ordinaria realizada el 15 de octubre pasado, desde ahora deberán encolumnarse bajo el liderazgo de Shocron y de quien represente al estado santafesino.
Hasta que se designe alguien en esa posición, se designó a María Victoria Stratta, titular de la IGPJ, el organismo que el 18 de junio había solicitado intervenir la empresa, en línea con lo impulsado desde el Estado Nacional, a partir de que el 8 de junio el Presidente Alberto Fernández anunciara la intervención de Vicentin, y días después emitiera un decreto que dos meses después derogó.
Casi seis meses después, Lorenzini consideró que el pedido de intervención de la IGPJ no había sido improcedente y juzgó que era oportuno concederle por esa vía al estado santafesino un “rol de normalizador del conflicto”.
Preocupación del directorio
Por todo lo expuesto, el directorio de Vicentin designado por los accionistas expuso en un comunicado que recibió “con profunda sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervenir la empresa a partir de la reciente resolución del Juez Lorenzini”.
Y adelantaron que apelarán la decisión. “La sociedad entiende que no existen razones de hecho ni fundamentos jurídicos acertados que la justifiquen y por ello la recurrirá por las vías que prevé la ley”, afirmaron.
Con todo, no dinamitaron todos los puentes de negociación. Aclararon al final que “sin perjuicio de lo expuesto la compañía seguirá prestando la más amplia colaboración a las autoridades judiciales, veedores, sindicaturas, al actual interventor designado y a todos los organismos de control impuestos en el trámite concursal”.
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