Fue una hora después de que se conociera otro triste récord del nivel de pobreza en la Argentina.
El presidente Alberto Fernández afirmó ante los representantes de
la Unión Industrial Argentina que “de la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”.
Estaba tocando una música que quería escuchar ese público, el mismo que está preocupado y jaqueado por el impuesto a la riqueza que aprobó el oficialismo y que constituye un claro desaliento para los inversores.
Entre el Presidente que dice querer alentar las inversiones y la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner que avanzaron con el impuesto a los ricos que las desalienta, oscilan los mensajes del oficialismo que, a la vez, dificultan la gestión del ministro Martín Guzmán para avanzar en un acuerdo con el FMI que, junto con mantener quieto al dólar, forma las dos patas de la única estrategia concreta que muestra el Gobierno.
Las idas y vueltas con el descuento en la primera parte de 2021 del 5% de aumento a los jubilados de diciembre es otra muestra de los vaivenes entre la necesidad de ajustar el déficit fiscal y el intento de seducir el voto de los jubilados para octubre de 2021.
¿Con 20 millones de personas pobres y 7 de cada 10 chicos de hasta 17 años viviendo en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de la pobreza, la Argentina todavía discute en 2021 si es necesario aumentar la inversión privada?
Sí, todavía se discute. Y lo peor es que es dentro del propio Gobierno, y a pesar de que el Estado tiene el crédito cortado y debe financiar buena parte de su déficit emitiendo pesos a mano alzada.
En la reunión de la UIA el presidente Fernández escuchó la sugerencia de la canciller alemana, Angela Merkel, sobre que la Argentina debería recuperar la confianza de los acreedores internacionales. “Los actores del mercado requieren que la Argentina lance una clara señal política”, dijo Merkel.
La idea de recuperar la confianza de los agentes financieros cobra relevancia en un contexto internacional muy particular, caracterizado por un regreso de los capitales a los mercados apalancados por el shock de liquidez que se generó a nivel planetario para enfrentar las consecuencias del coronavirus.
El caso de Perú es solo una muestra de lo que se está perdiendo la Argentina en materia de financiamiento.
Perú, con una profunda crisis política que determinó que tuviera tres presidentes en pocos meses, salió al mercado a buscar financiamiento y consiguió fondos a 12 y 100 años de plazo.
En el caso de los bonos cortos, pagó 100 puntos básicos por encima de la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos, o sea menos del 2% anual, mientras que los bonos argentinos, recientemente canjeados y sin riesgo de default a corto plazo, cotizan a US$36 y ofrecen tasas de 16% anual.
La desconfianza de los mercados cuesta caro y la paga toda la sociedad. Tener que pagar 16% para conseguir financiamiento en dólares es una carga pesadísima para cualquier proyecto de inversión.
En este mar de contradicciones, Martín Guzmán intentará avanzar en un acuerdo con el FMI después de haber estado conversando con Mark Rosen, representante de EE.UU. en el Fondo, casi en el mismo momento en que el canciller Felipe Solácomentaba, en un reportaje, que el presidente Fernández le habría pedido a su par, Joe Biden, el desplazamiento de Rosen.
El supuesto reclamo fue desmentido, Solá fue apercibido por la Casa Rosada, pero en Economía siguen apuntando al canciller y enojados por lo que consideran un operativo desgaste.
Llegando a fin de año hay una discusión que sí parece haberse superado en la Argentina y es la referida a que cuando sube el dólar, trepa la inflación y se dispara la pobreza.
En un año, el dólar mayorista oficial subió 36,4%, el paralelo o blue se incrementó un 120% y la canasta de alimentos que mide el Indec y que forma parte del cálculo de la canasta de pobreza aumentó 43,9%. Si alguien, como muchos funcionarios, dice que la suba del dólar no impacta en el bolsillo de la gente, no le crea.
LGP
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