Un total de 17 países americanos, incluidos los miembros del Grupo de Lima, pero sin Argentina, hicieron llamamiento “urgente” al inicio de un proceso de transición en Venezuela que
permita encontrar una “salida pacífica” en el país, tras denunciar que las elecciones parlamentarias del domingo no fueron legítimas.
En una declaración conjunta, los firmantes reiteraron que las elecciones fueron organizadas por “el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevadas a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia ni de integridad de los votos ni la participación de todas las fuerzas políticas ni de observación internacional”.
Por ello llamaron a la comunidad internacional para que “se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de derecho en Venezuela”.
En este sentido, invocaron a todos los actores políticos del país, independientemente de “las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos”.
El objetivo de dicho proceso, han subrayado, debe ser “encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”.
Militantes del PSUV, durante los festejos. Foto: AFP
La declaración la firman Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.
Entre las ausencias notables figuran Argentina y Bolivia, cuyos presidentes Alberto Fernández y Luis Arce están políticamente comprometidos con Maduro. Tampoco la firman México y Uruguay, países ambos que optaron durante la crisis venezolana por no significarse por uno u otro bando con vistas a poder ejercer llegado el caso un papel de interlocución.
En octubre pasado, tras la polémica por la ambigua posición diplomática del gobierno de Alberto Fernández frente a la situación en Venezuela, la Argentina se abstuvo de firmar un pedido del Grupo de Lima -del que forma parte- para que los testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos en el país caribeño incluidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sirvan de prueba para las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
Unas semanas antes, sin embargo, el país había refrendado el informe de la ONU y votado a favor de alargar la permanencia en Caracas de la comisión especial que investiga los crímenes del régimen chavista.
El chavismo se quedó el domingo con el control del Parlamento en unas elecciones boicoteadas por la oposición por fraudulentas, sin respaldo internacional, y con centros de votación vacíos. En medio de acusaciones de la oposición y de países de la región por irregularidades, los primeros datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) le dieron la victoria a la alianza oficialista, con el 67% de los votos.
El Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional (AN) y voceros de la Unidad Democrática apuntaron que la participación llegó apenas al 20%, tras un monitoreo realizado por más de 17 mil voluntarios, registro y denuncias de incidencias e irregularidades del evento electoral.
Según los datos oficiales, difundidos en la madrugada del lunes, la participación fue del 31%.
Con información de DPA.
JPE
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