El asesinato de la concejal Marielle Franco en Río de Janeiro: la “vergüenza” de los mil días de impunidad

Brasil, aseguraron a Efe sus familiares.

“Llegar a 1.000 días sin saber quién mató a Marielle ni haber identificado al autor intelectual del crimen es vergonzoso para Brasil“, afirmó la arquitecta Mónica Benicio, viuda de la activista asesinada y su sucesora política tras haber sido elegida el mes pasado como concejal de Río de Janeiro.

“Infelizmente no tenemos ninguna novedad en los últimos meses ni en los últimos días. Es una investigación que corre en sigilo. Entendemos que el silencio es importante, pero nos gustaría tener más informaciones”, dijo por su parte Anielle Franco, hermana de la política asesinada y que dirige la fundación creada para propagar su legado.

De acuerdo con Anielle, con excepción de dos sospechosos detenidos y acusados de haber sido los autores materiales del crimen que no han sido juzgados ni condenados, “seguimos sin respuestas sobre quién mandó matarla”.

El asesinato a tiros de la concejal de izquierda el 14 de marzo de 2018 conmocionó a Brasil y tuvo gran repercusión internacional debido a que la activista, una mujer, lesbiana, negra y nacida en una favela, venía destacándose por su firme defensa de los derechos humanos, por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su clara posición de combate a los grupos milicianos (parapoliciales).

La socióloga y concejala por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada a tiros en una céntrica calle de Río junto al conductor de su vehículo, Anderson Gomes, tras participar en un acto de mujeres negras.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) consideran el caso como emblemático de la impunidad en Brasil.

Precisamente este martes 8 de diciembre, efeméride de los 1.000 días del asesinato, la propia AI y la fundación Marielle Franco organizaron un simbólico acto en el que, a las 8.00 hora local (11.00 GMT), sonaron 550 alarmas frente a la sede del Concejo Municipal de Río.

“Estas 550 alarmas son para despertar y llamar la atención de la justicia y de los organismos de seguridad pública, que son los encargados de una investigación que no puede continuar por mil días más”, aseguró a Efe Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI en Brasil.

Dos arrestos

Pese a que las autoridades arrestaron exactamente un año después del crimen a dos expolicías acusados de haber sido los autores materiales del homicidio y a que la Justicia aceptó juzgarlos por homicidio agravado, la investigación hasta ahora no ha identificado quién encomendó el asesinato ni esclarecido los motivos del mismo.

Sobre los inductores del crimen, la Policía ha admitido varias hipótesis, desde la participación de milicias que controlan amplias áreas de Río hasta la de políticos molestos por la popularidad de la concejal, pero sin ningún avance, pista o identificación.

“Satisfecha es una cosa que no estoy en la vida hace mucho tiempo y menos aún cuando el tema es la investigación (del crimen). Entendemos que el tiempo de deseo de la familia y el tiempo de la investigación son diferentes pero llegar a 1.000 días sin saber quién la mandó matar es una vergüenza”, insistió Benicio.

“Venimos presionando a los órganos públicos de Brasil y de Río para que podamos tener una respuesta. No para colocar a Marielle por delante de todas las personas que mueren todos los días, sino porque fue un crimen muy bien articulado contra una política, un feminicidio político muy bien articulado”, afirmó Anielle.

Para Benicio, en la noche del 14 de marzo de 2018 se rompió la línea que diferencia la democracia con la barbarie y lo que la sociedad y la familia quieren al exigir justicia es la defensa de la democracia representada por Marielle como símbolo de resistencia, lucha y esperanza.

“Fue un crimen muy bien ejecutado y sofisticado y por eso entendemos que hay dificultades en las investigaciones, pero llegar a 1.000 días sin una respuesta es realmente lamentable”, afirmó su viuda.

“Seguiremos exigiendo justicia hasta que el Estado responda quién mandó matarla y hasta que se juzgue y responsabilice a los autores porque no se puede hablar de democracia en Brasil sin que el Estado responda quién mató a Marielle y a Anderson”, agregó.

Benicio afirmó que, pese al atraso en la investigación, la familia se sigue oponiendo a que el caso sea trasladado de la competencia de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro a la de la Policía Federal, que responde directamente al Ministerio de Justicia.

“No hay motivos técnicos que justifiquen el cambio de competencia. Entendemos que 1.000 días es mucho tiempo, pero hay una investigación en curso, hay un proceso en marcha, y los ejecutores fueron detenidos y serán juzgados”, afirmó.

Benicio manifestó su preocupación de que el Gobierno federal de Brasil hubiese propuesto que la Policía Federal asumiese el caso precisamente cuando el nombre del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue mencionado en un episodio que finalmente se descartó que tuviese relación con la investigación.

“Fue entonces cuando el presidente mostró interés en que el caso fuese ‘federalizado’ y dijo que le había pedido a la Policía Federal que interrogara un testigo, pero no queremos la intervención en el caso de una Policía Federal que Bolsonaro intenta controlar, ya que, si hay dos caras opuestas de una moneda en la política de Brasil, son justamente Bolsonaro y Marielle”, concluyó su viuda.

De acuerdo con Benicio, Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos y el hecho de que no haya respuestas sobre la muerte de Marielle demuestra que en Río de Janeiro se admite que pueda existir un grupo que usa el asesinato como forma de hacer política.

Carlos A. Moreno. Agencia EFE

PB​

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