El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado y en prisión domiciliaria por el caso Ciccone, apuntó a la Corte Suprema de Justicia por haber confirmado el fallo “sin dignarse a
leer el expediente” y le envió un mensaje al Gobierno para cambiar el sistema judicial.
“La situación es grave y el remedio tiene que ser político. Porque el lawfare o este sistema de administración de leyes tan viciado y tan parcial viene llevando muchos años y los mismos que lo consintieron no lo van a solucionar. Está claro que se requiere una solución política”, sostuvo el ex ministro de Economía K, en diálogo con radio Futurock.
Boudou insistió en calificarse como un perseguido político y apuntó al sistema judicial. “Está claro que hay una utilización política de la causa, donde todas esas irregularidades que venían de la instrucción la Corte Suprema las convalida sin siquiera dignarse a mirarlo. La Justicia obra de una u otra manera dependiendo de a quién está analizando”, reafirmó.
En sus acusaciones al máximo tribunal, Boudou habló de cierta “parcialidad”. Y argumentó: “Para tratar los casos de Bruglia y Bertuzzi dijo que había gravedad institucional y utilizó un mecanismo súper extraordinario que es el per saltum. Y en un caso donde está la presunción de inocencia y las irregularidades que ha habido en la causa Ciccone, ni siquiera se dignó a leerla. Puede ser que haya sido porque no hay ningún penalista en la Corte, no sé”.
Por eso, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner avaló la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández. “El presidente puso el tema en la campaña y en sus primeras intervenciones en el Congreso; está claro que conoce y entiende cuál es la situación”.
La Corte Suprema de Justicia confirmó días atrás la condena por quedarse con la imprenta Ciccone Calcográfica de manera irregular. Con un fallo unánime dejaron a Boudou al borde de volver a la cárcel, ya que el Tribunal Oral 4 que lo juzgó y condenó le había impuesto una pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
JPE
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