La carta de la vicepresidentaCristina Fernández de Kirchner con fuertes críticas a la Corte Suprema de Justicia sigue generando reacciones. El Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires publicó un duro documento titulado “República en riesgo” en el cual califica al texto de la ex mandataria como un “inadmisible ataque al sistema republicano” y remarca la “concepción errada” de la división de poderes.”Este hecho constituye un inadmisible ataque al sistema republicano, que se traduce en un claro deterioro de la imagen institucional del país frente a la comunidad local e internacional”, destaca el documento del Colegio de Abogados de la Ciudad que preside Máximo Fonrouge.
La vicepresidenta publicó la carta el miércoles a las 18, horas antes del primer aniversario de la asunción como presidente de Alberto Fernández. A modo de balance, lanzó duras críticas a la Corte Suprema: “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
Esta frase y otras fueron criticadas por el Colegio de Abogados: “Las reprochables expresiones proferidas se ven agravadas, por que han sido sostenidas por quien además preside una de las dos Cámaras que conforman el Poder Legislativo de la Nación”.
Y, como tanto Cristina Kirchner como el gobierno repiten que los jueces no son elegidos por el voto popular, desde el Colegio de Abogados hicieron una aclaración. “Toda pretensión de alterar ese diseño institucional afecta la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico fundacional”, agregaron los letrados porteños en su documento.
El documento completo: “República en riesgo”
La vicepresidente de la Nación a través de una carta acusó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir y encabezar un supuesto proceso de persecución judicial y de que pueda llegar a “condicionar o extorsionar” al gobierno con determinados fallos o hasta incluso hacerlo fracasar en su gestión.
Sin duda, este hecho constituye un inadmisible ataque al sistema republicano, que se traduce en un claro deterioro de la imagen institucional del país frente a la comunidad local e internacional.
No se trata de una mera expresión crítica sobre el funcionamiento de la Justicia.
Las reprochables expresiones proferidas se ven agravadas, por que han sido sostenidas por quien además preside una de las dos Cámaras que conforman el Poder Legislativo de la Nación.
La errada concepción puesta de manifiesto en la declaración analizada, acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes como pilar de un sistema republicano de gobierno, conduciría a someter la imparcialidad e independencia de los jueces frente a las partes del proceso, en su rol de custodios naturales de los derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos.
El Poder Judicial tiene la legitimidad que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa o de su adscripción a una facción política. Toda pretensión de alterar ese diseño institucional afecta la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico fundacional.
El Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones sanas y derechos plenos.
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