La Cámpora, a cargo de la política que vació a El Palomar

técnico, cuyo desenlace se vio este fin de semana, cuando el aeropuerto de El Palomar se quedó vacío de líneas aéreas.

Ahora el gobierno de Alberto Fernández y su ministro del área, Mario Meoni, deberán decidir qué hacen con los 1.000 empleados de un aeropuerto que está sin funcionar desde marzo y que ahora además no tiene ninguna aerolínea. Eso, sin contar los empleos indirectos que generó el aeropuerto mientras estuvo en funcionamiento: sólo en 2019, pasaron por allí 1,7 millones de pasajeros.

Aquellas dos resoluciones fueron durante la última semana de octubre, cuando regresaron los vuelos de cabotaje, tras haber estado suspendidos durante siete meses. El jueves 22, Aerolíneas Argentinas había comenzado a hacer vuelos de cabotaje desde el aeropuerto de Ezeiza. El Aeroparque metropolitano estaba cerrado por obras (se está ampliando la pista), pero El Palomar tenía todo listo para que uno de sus inquilinos, la “low cost” JetSmart, también comenzara a volar.

JetSmart había pedido autorización a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para hacer su primer vuelo el sábado 24 de octubre, pero la autorización se demoraba en llegar. A las seis de la tarde del viernes 23, la empresa que pertenece al fondo estadounidense Indigo Partners comunicó que suspendía el vuelo por “no tener certezas” por parte de la autoridad aeronáutica. Palo para la presidente de la ANAC, Paola Tamburelli. Pero el partido recién comenzaba, con La Cámpora como árbitro.

A última hora de ese viernes 23, el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA), dispuso que el aeropuerto de Ezeiza era el “único corredor seguro” en la zona del AMBA mientras durase la pandemia. Con un argumento sanitario imposible de apelar en el corto plazo (hubiera sido necesario “judicializar” la discusión, lo cual de hecho ocurrió sin ningún resultado), el aeropuerto de El Palomar quedó bloqueado para hacer vuelos regulares de cabotaje.

La disposición no estaba firmada por el presidente del ORSNA, Carlos Lugones Aignasse (cercano al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora). La firmó el vicepresidente, Fernando Muriel, dirigente de La Cámpora, quien responde políticamente a Mariano Recalde, senador nacional por Capital Federal. Recalde fue presidente de Aerolíneas Argentinas entre julio de 2009 y diciembre de 2015. Quien fuera su vice entre 2013 y 2015, Pablo Ceriani, es el actual presidente de Aerolíneas.

La segunda resolución del ORSNA salió al siguiente día hábil, el lunes 26, y puso en evidencia las negociaciones que habían tenido lugar durante ese fin de semana. De nuevo con un lenguaje técnico, el ORSNA y su vice, Muriel, ordenaron a la concesionaria, Aeropuertos Argentina 2000, mantener las “bonificaciones” de las tasas aeroportuarias para aquellas líneas aéreas que “decidieran” mudar sus operaciones desde El Palomar hacia Ezeiza. Ese mismo lunes JetSmart abandonó el lenguaje combativo que había mantenido hasta la tarde del viernes y emitió un comunicado donde anunciaba a sus pasajeros que comenzaría a volar desde Ezeiza.

La otra aerolínea que quedaba en El Palomar era Flybondi. Durante 50 la empresa, que también pertenece a un fondo de inversión estadounidense (Cartesian) intentó “judicializar” la discusión para poder seguir usando El Palomar y no tener que mudarse a Ezeiza. Argumentó que era costoso para ellos (en Ezeiza el servicio de rampas se lo tienen que contratar a la empresa estatal Intercargo, mientras que en El Palomar se lo prestaban ellos mismos) y, sobre todo, para los pasajeros: al El Palomar se puede llegar en tren. Para ir a Ezeiza, hay que hacerlo en auto o remís.

En el medio hubo declaraciones del ministro Meoni a favor de la “reapertura” de El Palomar, del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y también hubo marchas a favor y en contra de la actividad en el aeropuerto.

Este fin de semana, Flybondi finalmente también cedió y mudó su operación al aeropuerto de Ezeiza. El ex presidente Mauricio Macri puso la política alrededor de El Palomar como un símbolo de lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. “Hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno”, dijo Macri a través de las redes sociales.

El encargado de responderle y señalar que la mudanza de El Palomar fue un simple acuerdo “entre empresas” fue el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Pero lo cierto es que el gabinete de Alberto Fernández fue ajenoa todas las decisiones. En lo formal, fueron emitidas desde un organismo menor del Poder Ejecutivo. En lo concreto, son decididas desde el despacho de Recalde en el Senado.