Prestadores de la salud, en emergencia y con un pedido urgente al Gobierno

de no haber medidas urgentes, “no contarán con los recursos necesarios para atender con normalidad a partir de enero”.

Las ocho cámaras (Adecra, Cedim, Cepsal, Confeclisa, Cadime, AAEG, Cacep y FEM) que agrupan al sector en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) reclamaron al Gobierno nacional una respuesta urgente ante la proyección de un 2021 con recursos faltantes y un gremio en crisis. De acuerdo a estadísticas de la Federación, en todo el país el colectivo atiende a siete de cada 10 personas.

“Estamos frente a un escenario económico, financiero y sanitario crítico que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, dijo José Sánchez, presidente de la FAPS. De acuerdo a los números de la entidad, las empresas privadas en situación de vulnerabilidad son 5.500.

Según los prestadores, los efectos de la pandemia, el aumento abrupto de costos, los ingresos congelados y la decisión del Estado de terminar con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el decreto 300, que incluyó una reducción de las cargas previsionales e impositivas, agravaron una situación de emergencia estructural.

“Los prestadores de salud deben afrontar costos altos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria. Por cada 10 pesos que ingresan, el sector paga 4 pesos de impuestos“, destacaron los referentes de la Federación en el comunicado. Bajo ese escenario, la aparición del nuevo coronavirus y la atención asociada que representó y sigue representando generaron una tormenta perfecta.

Los costos operacionales -protocolos de distanciamiento, insumos para la atención del Covid-19 y licencias para el personal de riesgo, aislado o contagiado- crecieron en forma acelerada, al mismo tiempo que cayó la demanda en la atención médica. “La FAPS elevó al Gobierno nacional distintas propuestas, tales como el aumento de las tarifas de los financiadores (obras sociales y prepagas) y un reordenamiento impositivo que deje de ahogar al sector y le permita sostenerse de manera sólida y sustentable”, describieron en el documento.

“Generamos miles de puestos de trabajo, invertimos en el país y le damos salud al 70% de la población”, agregó José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Confederación Argentina de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa), una de las ocho cámaras del área. Y siguió: “En el interior, la situación es crítica debido a que la mayoría de las empresas son Pymes y no tienen espalda para afrontar este escenario”.

Por último, los representantes de las prestadoras de salud reconocieron que, si no se definen soluciones inmediatas desde el Gobierno nacional, las instituciones deberán implementar distintos mecanismos para priorizar las atenciones médicas de acuerdo con su urgencia y complejidad.

Si bien en el comunicado se hace referencia a enero como el posible mes de colapso, ya en diciembre empezaron los problemas. El miércoles pasado, PAMI presentó una medida cautelar para impedir que prestadoras interrumpan el servicio de diálisis a sus afiliados, luego de que cuatro asociaciones así lo anunciaran.

Los prestadores habían reclamado un desfasaje del 40% entre el costo de cada sesión de diálisis y el monto que reciben de PAMI. También habían anunciado que el 9 de diciembre ya no se admitirían nuevos ingresos a diálisis de afiliados de la obra social. La institución recurrió a la Justicia y por el momento el servicio está garantizado. 

EMJ

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