Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Amado Boudou en el caso Ciccone, que había sido firmada en agosto de 2018 por el Tribunal Oral
Federal 4 (TOF 4). Sus jueces encontraron al ex vicepresidente responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra de Ciccone, la ex calcográfica con capacidad para imprimir papel moneda. En el fuero civil tramita la quiebra de la empresa. Allí, mientras la familia Ciccone ya reclamó la indemnización por la expropiación del Estado a la firma, hasta la fecha nadie realizó el mismo pedido por la cifra correspondiente a The Old Fund, dueña del 70% de las acciones de la imprenta. Esa firma perteneció a Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro del ex vice.
“¿A quién se la estamos expropiando Ciccone?“, se escuchó en el Congreso cuando el kirchnerismo con absoluta celeridad buscó y logró expropiar a la ex calcográfica. Aquella pregunta no era menor: llevaba intrínseco otro mensaje respecto a quién era el verdadero dueño de la firma que se quedó con el 70% de las acciones de la imprenta, The Old Fund. Pasaron más de cuatro años desde entonces y nadie en nombre de esa empresa reclama la millonaria indemnización.
La maniobra investigada que representó la primera condena para el ex vicepresidente de Cristina Kirchner y su primer juicio por corrupción, contó con varias etapas. El caso lo instruyeron el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello. En la acusación se determinó que la primera fase de la maniobra fue la utilización de The Old Fund (cuya cara visible era Alejandro Vanderbroele).
Durante el juicio, el fiscal ante el TOF 4, Marcelo Colombo, indicó: “Lo que se demostró es la apropiación de tres personas, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Boudou de lo que fue en su momento la empresa Ciccone”. En sus argumentos fue taxativo al plantear que “Amado Boudou estaba atrás de The Old Fund para comprar Ciccone”.
En este punto, se indicó que Boudou -entonces ministro de Economía- “se ocupó de rescatar” Ciccone “por la sencilla razón de que ahora su porcentaje mayoritario le pertenecía” través de la firma The Old Fund, presidida por Vandenbroele.
“The Old Fund era la cara visible de los negocios que el funcionario (por Boudou) no podía concretar por sí ni a través de una persona que, como Núñez Carmona, era fácilmente vinculable a él”, indicó tiempo después el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó toda la maniobra.
En el expediente se sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, nombrado en el fondo de inversión. Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) y César Guido Forcieri (ex integrante del ministerio de Economía)- también fueron parte de la operación que permitió que la ex Ciccone -única empresa con capacidad para imprimir billetes- quedara en manos del entorno del ex vice.
Lo llamativo es que en el marco de la expropiación de la imprenta corresponde el pago de la indemnización, que es millonaria: sólo de deuda con el fisco tenía más de 400 millones de pesos. Pero a la fecha, habiendo transcurrido más de cuatro años, sólo la familia Ciccone reclamó el pago del dinero correspondiente en dicho proceso.
La firma dueña del 70% de las acciones de Ciccone, nunca se presentó a reclamar su indemnización. En sede judicial encuentran una explicación para esto: “quien se presente en representación de TOF estará admitiendo que fue quien puso el dinero para comprar la ex calcográfica y que finalmente, es el dueño de la misma”. Las hipótesis vuelven al eje de la acusación: que atrás de esa empresas, estaba el ex vicepresidente.
Según los abogados de la familia Ciccone, ellos “han sido dejados como propietarios de acciones de una sociedad hoy fallida, que mediante la ilegitima privación de casi la totalidad de sus bienes a su vaciada como consecuencia del obrar del propio Estado nacional”.
“Cabe resaltar también que al tiempo de la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (nombre que tomó la imprenta luego del a expropiación) ya se encontraba intervenida y su administración a cargo del Ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, siendo designada sub interventora Katya Daura, titular de la Casa de Moneda”, advierten.
“En consecuencia, los actos suscriptos con posterioridad a la expropiación, lo fueron a espaldas de los accionistas y por parte del Interventor, en representación de la sociedad, quien en evidente conflicto de interés celebró el Convenio de Avenimiento con AFIP a los fines de compensar el valor de los bienes ‘elegidos’ para expropiar con la deuda que CVS mantenía con la AFIP”, concluyen los abogados.
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