Arranca el juicio oral por una estafa millonaria con “choferes fantasma” para cobrar subsidios

pesos, y cientos de desocupados a los que inscribían como choferes de colectivos en sus empresas para cobrar subsidios, un escándalo que aquí se conoce como el de los “choferes fantasma”.

Los “fantasmas”, 357 hombres en total, fueron enterándose de la maniobra a medida que iban a la ventanilla a cobrar sus asignaciones familiares o planes sociales y eran informados que ya no tendrían ese beneficio dado que en el sistema figuraban como empleados de empresas de colectivos. 

Ahora, el juez Santiago Inchausti, del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, dio curso al pedido de la fiscal Laura Mazzaferri y la querella y elevó la causa a debate oral.

Los empresarios, que llegan a juicio procesados sin prisión preventiva, son Juan María Inza Decaux, su padre Juan María Inza Irisarri y Federico José Pomero. El proceso alcanza también a sus gerentes y apoderados Diego Basílico y Carlos Málaga; Jorge Alberto Ferraresi, apoderado que estaba procesado, falleció este año.

En su conjunto son los responsables de las empresas de transporte urbano de pasajeros “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “El Libertador SRL”.

La maniobra se llevó adelante en los meses de enero, febrero y marzo de 2016. Los empresarios y sus apoderados registraron en las cuatro empresas de colectivos a “choferes fantasma”, la mayoría desocupados que oportunamente habían dejado su curriculum en alguna de las empresas en busca de trabajo. A algunos los habían inscripto de manera simultánea como conductores en más de una empresa.

El caso lo publicó Clarín en su edición del 12 de noviembre de 2016 y a partir de ese informe el Ministerio de Transporte de la Nación inició una investigación interna y con pruebas fue a la Justicia. 

El apoderado del ministerio, Héctor Krantzer, se presentó ante el fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI 10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, que entonces llevaba la investigación. Luego, por tratarse de un delito contra el Estado, el abogado de los “choferes fantasma”, Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, pidió que la investigación continuara en órbita de la Justicia Federal. 

“Se tiene por acreditado que los imputados han pergeñado un plan criminal que implicó la confección de la documental necesaria para dar cumplimiento con los requisitos formales que exige la normativa a los fines de conseguir por parte del Estado Nacional el otorgamiento de los subsidio”, señalo la fiscal federal Mazzaferri en el pedido de elevación a juicio.

El pedido ante Inchausti llegó poco más dos años después de la solicitud de elevación a juicio que en agosto de 2018 había hecho el Ministerio de Transporte de la Nación, en su rol de querellante. La demora se explica en la elaboración de un elemento probatorio “de mayor significancia” que recientemente fue incorporado a la causa. 

Se trata de un informe parcial elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudecco) con relación a la trazabilidad completa del dinero desde que salió de las arcas del Estado nacional y, a la par, vinculado a la situación patrimonial de los imputados durante el período investigado. 

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, aún resta producirse otro informe que formará parte junto al también incorporado en esta causa central de otro expediente que se tramita en forma paralela y que tiene como objetivo determinar la ruta del dinero con motivo de la defraudación millonaria al Estado nacional.

Los empresarios, en los tres meses de la temporada 2016, provocaron un perjuicio patrimonial millonario a la administración pública de alrededor de $ 16.209.680,47, al tiempo que perjudicaron a los trabajadores inscriptos falsamente. Para la Justicia son coautores del delito de defraudación a la administración pública, en doce hechos, un tipo agravado de estafa. 

“No cabe perder de vista el impacto diferencial de tal actividad en sectores de la población desocupados o sin empleo formal con familia e hijos menores a cargo -indicó Mazzaferri-, que dejaron de percibir haberes de necesidad vital como consecuencia de las altas falsamente registradas por las empresas de transporte en cuestión”.

A criterio de la Fiscalía, adiciona a la defraudación cometida en perjuicio de la administración pública “un importante factor de contenido de ilícito que, en su caso, deberá ser evaluado a la hora de merituar la gravedad de las conductas por las que se acusa a los imputados”.

El abogado Julio Hikkilo pidió además que se tenga presente la reparación total del daño para todas las victimas. “De llegarse a una condena no puede omitirse la reparación del daño causado a las principales víctimas del hecho investigado”. Recordó que los imputados se han desentendido de las víctimas, “no ofrecieron reparación de ningún tipo”.