El ajuste del empleo público fue mayor a nivel salarial que en el número de ocupados

privado registrado, y se acentuó aún más en 2020. Así, el ajuste del sector público fue muy menor a nivel empleo y bien superior en la reducción real de los salarios.

Este año, a septiembre (último dato oficial) el número de ocupados formales en relación de dependencia del sector privado se redujo 244.991, al pasad de 6.020.703 a 5.775.712 y el del sector público 29.475, de 3.248.387 a 3.218.912, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

En tanto, el poder adquisitivo del salario promedio del sector público a septiembre de 2020 acumula una pérdida de casi el 25%. La cifra supera la pérdida de 22,4% que se registró entre diciembre de 2019 y 2015. A noviembre, solo los salarios públicos de la administración nacional cayeron 8%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Entre los trabajadores del sector privado, a octubre, la caída del salario real de los que conservaron el empleo fue del 1%. En tanto, la pérdida con respecto a 2015 fue del 15,8%, según el Ministerio de Trabajo y 18,4% inferior de acuerdo con el INDEC, según el Informe de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina-CTA).

El nivel salarial estatal refleja el promedio de los salarios públicos en los niveles nacional, provincial y municipal e incluye tanto a la administración pública, como a los trabajadores de la enseñanza, la salud, y seguridad y defensa. Son más de 3,2 millones de trabajadores.

Esto pasó porque los trabajadores públicos no fueron incluidos con el mismo alcance en los aumentos de suma fija del decreto 14/20 de enero de este año que se otorgó a los trabajadores del sector privado. Fue un aumento “mínimo y uniforme” de $ 3.000 en enero y un adicional de $ 1.000 en febrero para todos los empleados en relación de dependencia del sector privado.

En cambio, si bien el decreto 56/20, también de enero, otorgó aumentos salariales similares para el Sector Público Nacional, se aplicó sólo para los salarios inferiores a $ 60.000 brutos y no abarcó a la totalidad del empleo público de los tres niveles de gobierno.

A su vez, por la pandemia y el coronavirus se demoró el inicio de las paritarias de este año y luego,  la reducción del poder de compra salarial se produjo por los limitados incrementos otorgados en los convenios firmados hasta el momento. Para la Administración Pública Nacional recién en octubre se pactó un 7% de aumento. En algunas provincias, no existieron aumentos en este año, señala CIFRA.

A esto se agrega, que los empleos del sector público son los que más retenciones registran sobre los 2,3 millones de trabajadores, jubilados y autónomos que sufren retenciones  por el impuesto a las Ganancias.

La evolución inmediata futura dependerá de las revisiones salariales que deben efectuarse a comienzos de 2021, en varios gremios y provincias, y de la evolución de la inflación que podría volver a pegar un salto con los descongelamientos de precios y tarifas que están previstos.

NE

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