
El Consejo de la Magistratura avaló que el juez Eduardo Farah vuelva a su lugar en la Sala II de la Cámara Federal, un cargo que había dejado en 2018 tras
pedir un traslado a otro tribunal. Farah es un juez vinculado al kirchnerismo y es el mismo que ordenó liberar a Cristóbal López hace dos años tras una polémica decisión.
El regreso de Farah se aprobó en el Plenario del Consejo con amplia mayoría, con todo el respaldo del oficialismo y de los representantes de los jueces. El diputado y consejero opositor Pablo Tonelli votó en contra -junto a la diputada radical Silvia Giacoppo- y argumentó a favor de su propio dictamen en el que sostenía que Farah no debía volver a la Sala II.
La diputada lavagnista Graciela Camaño estuvo ausente.
Los consejeros representantes de los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, se abstuvieron y pidieron que se sancione una ley para ordenar los traslados. Justificaron su voto porque era la primera reunión plenaria de la que participaban.
A favor del regreso de Farah votaron el consejero por el Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; los jueces Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo; el senador Mariano Recalde, la senadora María Inés Pilatti Vergara y Diego Molea.
Así, el Gobierno se garantizó un juez afín en el estratégico tribunal que se encarga de revisar los procesamientos de los 12 jueces federales de Comodoro Py, los que se encargan de investigar a funcionarios y políticos en casos de corrupción.
Durante la sesión, Tonelli argumentó que era un error permitir el regreso de Farah ya que el fallo de la Corte suprema, que definió la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ordenaba “restringir al máximo la promoción de nuevos traslados. Y lo de Farah es un traslado, porque implica ir de un cargo a otro”
Además, advirtió que se estaba ante el riesgo de tener “jueces ad hoc, que van, resuelven algunas causas y después vuelven a su lugar”.
Cuando le tocó hablar, el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, defendió a Farah y sostuvo que fue “presionado” para dejar su cargo en la Cámara Federal en 2018 y apuntó contra los medios de comunicación. “No podemos desconocer la campaña pesada y dura que sufrió Farah desde los medios. Mandaban a llamar a su casa para que dijeran a sus hijos que el padre era un delincuente”, sostuvo el juez. Lugones hacía referencia a las críticas que en su momento recibió Farah por el polémico fallo en el que ordenó liberar al empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa investigados por defraudar al Estado en el caso Oil Combustibles.
“Lo sacaron a garrotazos al juez Farah, yo no quiero eso para mi país”, agregó Lugones. Lo cierto es que en su momento, el propio camarista solicitó su traslado y recién hace dos meses, en el Senado, habló de las supuestas presiones que recibió y que lo habrían llevado a cambiar de tribunal. “Un juez debe estar preparado para soportar las presiones”, retrucó Tonelli y pidió que sea investigado por la comisión de Disciplina del Consejo ya que nunca denunció las presiones en la Justicia. “Como funcionario público está obligado a hacerlo”, agregó Tonelli.
El martes pasado, Farah habia tenido el primer respaldo de la Magistratura cuando el oficialismo aprobó con amplia mayoría un dictamen que le abrió la puerta a su vuelta a la Cámara Federal. Ese documento fue impulsado por el consejero Diego Molea, cercano al oficialismo. Ahora volvieron a respaldar el regreso de Farah que se hará efectivo en los próximos días.
La situación de Farah no fue la única decisión fuerte que tomó el Consejo. También avaló la terna para cubrir otra vacante en la misma sala a la que volverá Farah en la que figuran el abogado Roberto Boico, y los jueces Alejo Ramos Padilla y Diego Amarante.
Boico es abogado de Cristina Kirchner en la causa del Pacto con Irán y según un acuerdo que cerraron la oposición y el oficialismo será el candidato que el presidente Alberto Fernández enviará al Senado. Así, el Gobierno se garantizará dos jueces cercanos en la estratégica Sala II de la Cámara Federal, Farah y Boico.
Ramos Padilla, otro de los candidatos, quedó a un paso de ser nombrado como juez federal con competencia electoral de La Plata, un juzgado que no solo entiende en materia penal sino que además concentra la competencia electoral en el principal distrito de todo el país, la provincia de Buenos Aires.
La Sala II de la Cámara Federal tenía dos lugares vacantes. El único integrante era Martín Irurzun, un camaristas que no es visto con buenos ojos en el oficialismo porque fue el artífice de la doctrina de las prisiones preventivas que llevó a varios ex funcionarios del kirchnerismo a la cárcel. Con el regreso de Farah y la postulación de Boico el kirchnerismo completaría la sala con dos jueces propios.
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