Aborto: ¿cuáles son los cambios al proyecto que piden senadores “verdes”?

Weretilneck – quien en 2018 votó a favor- no firmó, a la espera de que le den respuesta a sus propuestas de cambios.

“Estoy convencido del derecho de la mujer a formular su vida y de la legalización de la interrupción del embarazo pero sinceramente, con todo dolor, y desde mi convicción más íntima tenía necesidad de transmitir esto”, aseguró al pedir cambios en los artículos 4, 5, 10 y 15.

El artículo 4 original plantea la posibilidad de interrupción del embarazo por fuera de la semana 14 en casos de violación o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

El concepto de “salud integral” le parece muy genérico a Weretilneck y propone especificarlo en estas cuatro circunstancias: “si el feto posee una malformación congénita que sea incompatible con la vida; si el embarazo fuere el resultado de una violación de una persona menor de 13 años; si el embarazo fuere el resultado de una violación de una persona mayor de 13 años, hasta el momento de viabilidad fetal (22 semanas); en cualquier caso, cuando exista un grave peligro para la vida o salud física de la persona gestante y este peligro no pueda ser evitado por otro medio”.

“Para la OMS, salud integral es el bienestar físico, mental y social. Es demasiado amplio para interrumpir un embarazo en cualquier momento, con el riesgo mayor que llevan las interrupciones en el segundo trimestre”, aseguró Weretilneck a Clarín.

Además pide agregar la necesidad de presentar una “constancia de inicio de denuncia penal” también para los casos de violaciones de menores de 13 años. “El violador tiene que ser perseguido. Si no, la menor va a ir a abortar acompañada de su violador quizás”, afirmó.​

El ​artículo 5, plantea la “autonomía de la voluntad” y la necesidad de que el personal de salud “respete las decisiones de los pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva”. Sobre ese punto, Weretilneck opina que como está redactado parece que “el profesional no participa de la decisión” y propone aclararlo y que el “criterio médico” se priorice.

Además, pide reescribir el artículo de objeción de conciencia que reza que el “personal de la salud no podrá negarse a la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”. Pide que el término sea “salud física” y no “salud” a secas, porque es muy “amplio”.

Por último, en el articulo 15, que fija la pena de prisión de 3 mesas a 1 año para el personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”, también solicita especificaciones para “proteger” a los profesionales.

El senador entrerriano Edgardo Kueider no se pronunció durante la comisión, era uno de los legisladores que figuraban como indefinidos, pero firmó el dictamen en disidencia parcial. En su entorno aseguraron que sus planteos “coinciden” en varios puntos con los de Weretilneck.

El radical Ernesto Martínez, por su parte, aclaró de entrada que tiene dudas con el artículo 11, teme que el sistema de derivaciones planteado en caso de objeción de conciencia institucional termine siendo un problema. “No veo la relación de redactar el tema de ese modo”, planteó respecto a que una institución privada o de seguridad social debe derivar a otra de “similares características”.

Para evitar retoques al texto y evitar que vuelva a Diputados, en el oficialismo plantean la posibilidad de ajustes en la reglamentación: “Es loable que en el recinto dejemos asentadas las inquietudes, marcar el espíritu de los legisladores y la ley y que los planteos sean eventualmente resueltos o atendidos a partir de la reglamentación de la ley con las autoridades del Gobierno”, aseguró Oscar Parrilli.