La próxima semana serán las últimas dos audiencias de este año en el juicio contra Cristina Kirchner y otros quince acusados. El caso analiza los 51 contratos que recibió
el Grupo Austral -de Lázaro Báez- por 46.000 millones de pesos. La acusación habla de “direccionamiento de las licitaciones”, de la entrega de obras con sobreprecios promedio del 65% y de obras inconclusas. Por delante queda un año con más de cien testimonios por escuchar, y las estimaciones indicarían que hasta 2022 no iniciarían los alegatos finales.
Es un juicio de gran envergadura: con 16 imputados, 51 licitaciones analizadas durante la instrucción, auditorías ordenadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de la gestión macrista, estados contables del holding que construyó desde mayo de 2003 Lázaro Báez y certificaciones de obras, son parte de la documentación que constituye el expediente que llevó al banquillo de los acusados a Cristina Kirchner por primera vez.
Las audiencias iniciaron en mayo de 2019 y pese a la pandemia, el juicio logró imprimir cierto ritmo bajo la modalidad semi presencial después de varios meses de encontrarse detenido. Con un sistema ya instaurado para su realización, el caso transita por este año sus encuentros finales.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presidido por el juez Jorge Gorini, e integrado también por sus pares Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, definió esta semana que el juicio se reanudará en febrero, después de la feria judicial de verano. El proceso continuarán con dos audiencias semanales para buscar acelerar el ritmo de un juicio que será muy extenso.
Para el 2021, año que estará signado por las elecciones legislativas, restan para este juicio, escuchar el testimonio de más de un centenar de personas aceptadas por el TOF 2. Contando con dos encuentros semanales, se estima que los alegatos finales no podrán iniciara hasta finales del período, quizás con mayor probabilidad, comiencen en 2022.
En febrero, cuando se retome la actividad en Comodoro Py, al TOF 2 le quedará definir si se continúan las audiencias semi presenciales, en las que sólo los magistrados permanecieron en la Sala, mientras el fiscal Diego Luciani y las partes participaron de forma virtual de los encuentros.
Cuando se determine la modalidad del juicio -en función de la situación sanitaria en la que el país se encuentre el próximo año- también se decidirá cuándo será el turno para declare Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional y denunciante en el caso. Es una de las testimoniales más esperadas y fueron las partes las que requirieron que fuera presencial.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.
La “operación criminal” fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.
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