El camino hacia un federalismo “real”, como planteó el presidente Alberto Fernández apenas asumió el Gobierno, tuvo que atravesar este año una prueba crucial, a partir del impacto de la pandemia de coronavirus, que obligó a modificar los planes originales y a resignificar los vínculos con las provincias en un doble juego: sortear la emergencia y promover desarrollo para superar las asimetrías regionales.
“Hubo que gobernar sobre lo desconocido, en un año complicado, doloroso, difícil para todos”, coincidieron voceros de Casa Rosada, pero destacaron que esta circunstancia “unió” al Presidente y a los gobernadores en los esfuerzos, en priorizar la gestión, hacer frente a la herencia recibida de la gestión de Cambiemos y atender las urgencias sanitarias y económicas.
Con la premisa de que “la Argentina es una sola y no puede haber argentinos de primera y argentinos de segunda”, repetida en los mensajes del jefe de Estado durante el año, el Gobierno profundizó el diálogo directo con los mandatarios provinciales, creó programas de ayuda financiera, la red sanitaria federal e impulsó la Ley de Capitales Alternas, entre otros logros.
Esa impronta ya había quedado reflejada en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando el Presidente afirmó: “No gobierno yo solo, sino que gobierno yo con los 24 gobernadores”.
Poco después, con el aislamiento obligatorio vigente, el Gobierno visibilizó su primera respuesta concreta: la creación, por decreto, del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, destinado a combatir la pandemia y atender gastos financieros, por un monto de $120 mil millones, con recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Ese esquema, conformado por $60.000 millones de ATN del Ministerio del Interior y un monto igual adjudicado por el Ministerio de Economía, tendrá un refuerzo de $50.000 millones, de acuerdo con el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso Nacional.
Con la irrupción de la Covid-19 en el país, el Presidente trabajó “codo a codo” con los gobernadores, los convocó a reuniones semanales, evaluó con ellos la situación en cada región y muchas de las decisiones adoptadas por el Gobierno fueron tomadas en consulta “directa” con ellos, detallaron los voceros.
Otra muestra de esa mirada federal fue la descentralización del trabajo realizado -en principio- únicamente por Instituto Malbrán, a cargo de las pruebas de laboratorio sobre posibles casos de coronavirus.
También, con mirada hacia las provincias, se lanzó la Red Sanitaria Federal de 60 obras en 53 ciudades de 14 distritos y en la Ciudad de Buenos Aires, desarrollada por los ministerios de Obras Públicas y de Salud, con una inversión de $8.781 millones y la incorporación de 2.952 camas al sistema público de salud.
Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, se promovieron además varias iniciativas, como la de Capitales Alternas, que pone en marcha un Gabinete Federal para activar en 24 ciudades del país obras y proyectos que acorten las desigualdades entre distritos prósperos y otros postergados.
También De Pedro materializó el Programa Municipios de Pie, que da asistencia directa a comunas de todo el país por 1.086 millones de pesos para la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital, que en una primera etapa llegará a 160 municipios.
Con el Plan Federal de Desarrollo, el Ministerio del Interior se hace eco de las prioridades de gestión que plantean los gobernadores en una ronda de charlas y que se complementa con encuentros con el sector empresarial y del conocimiento para fortalecer esta iniciativa que también busca corregir asimetrías.
En paralelo, el Presidente suscribió con Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que establece que una administradora estatal gestionará la salida por esa vía del 80 por ciento de las exportaciones argentinas.
Otra decisión clave del Gobierno fue el Consenso Fiscal sellado entre Fernández y 22 gobernadores, por el cual las provincias pueden suspender las reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017, durante el Gobierno de Macri, y tomar deuda en pesos, en tanto deben congelar por un año los reclamos judiciales a la Nación.
El acuerdo no fue suscripto por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se mostró contrario a la reasignación de partidas de la coparticipación federal que fue sancionada por el Congreso Nacional, que resta un punto de los recursos de su jurisdicción, por lo que anticipó que reclamará ante la Corte Suprema, un aspecto que precisamente veda el convenio.
En tanto, en el área social, el Gobierno nacional habrá destinado este mes $63.000 millones de pesos para los sectores vulnerables de las provincias y del área metropolitana, con programas a cargo del ministerio de Desarrollo Social y aportes de la Anses.
De esa suma, $14 mil millones corresponden a la Tarjeta Alimentar, que llega a 11 millones de personas; $600 millones a cajas navideñas; $12.400 al programa Potenciar Trabajo, que alcanza a 700 mil personas y $14 mil millones a transferencias a municipios, provincias, comedores y merenderos, además de otros $22 mil millones que aportará la Anses.
Ya comenzó además el plan de urbanización de los 4.400 barrios populares del país -400 por año-, en los que viven 4 millones de argentinos sin agua corriente ni servicios básicos y se están dando los primeros pasos en otro objetivo de la cartera, que es la construcción de 800 nuevos jardines de infantes.
