La Corte Suprema de Justicia atravesó un año de notoria quietud en sus decisiones, con fallos de alto impacto político y social como el reclamo de los jueces federales trasladados durante el macrismo o la causa del exvicepresidente Amado Boudou, en el marco de un sistema afectado por la pandemia y serios cuestionamientos a su idoneidad expresados desde diferentes sectores institucionales, incluido el Gobierno.
Sin duda el pico de atención y expectativa sobre el alto tribunal estuvo dado por la definición de los reclamos de los jueces federales con trasladado, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que buscaron quedarse en la Cámara Federal, segunda instancia de todos los juzgados de Comodoro Py, con el aval de la Corte pese a no tener el acuerdo constitucional del Senado.
A fines de julio, el Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al Senado que revise traslados de 10 jueces, entre ellos, los de Bertuzzi y Bruglia, en base a un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien revisó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas en estos casos.
La Comisión de Acuerdos del Senado convocó a los magistrados cuyo nombramiento debía revisarse, pero Bruglia y Bertuzzi prefirieron no asistir e iniciar una campaña pública, respaldada por sectores de la oposición, para quedarse en los tribunales a los que fueron trasladados por decretos del expresidente Mauricio Macri.
Simultáneamente, Bruglia y Bertuzzi judicializaron el conflicto presentando a principios de septiembre amparos ante el fuero Contencioso Administrativo y recurriendo a la Corte para pedir un “per saltum” (salto de instancia) que dejara sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado.
En el fuero Contencioso Administrativo rechazaron los recursos por considerar que no se acreditaba la vulneración de sus derechos como jueces que plantearon y en el mismo sentido se pronunció la Corte cuando rechazó el “tratamiento urgente” solicitado por los magistrados.
Cuando todo indicaba que la justicia no hacía lugar a los recursos extraordinarios, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, nombrado por Mauricio Macri y exabogado del Grupo Clarín, empujó la intervención del tribunal convocando a un “acuerdo extraordinario”, en uso de sus facultades como cabeza de la justicia.”
El artículo 71 del reglamento de la Justicia Nacional señala sin posibilidad de interpretaciones que “la Corte Suprema podrá también reunirse en acuerdos extraordinarios en días hábiles o feriados cuando fuera convocada por el Presidente o lo dispusiera la mayoría del Tribunal”.
“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, justificó entonces Rosenkrantz en declaraciones a Clarín.
Con esta iniciativa, creció la expectativa social y la presión mediática para que la Corte saliera en “salvaguarda” de la independencia judicial, según la interpretación más extendida entre medios y dirigentes opositores.
En este contexto, la Corte definió, a fines de septiembre, que intervendría en el pedido de “salto por instancia” o “per saltum” solicitado por ambos jueces, a los que se agregó el juez, también cuestionado por su traslado sin acuerdo, Germán Castelli, quien tampoco se presentó a la convocatoria del Senado para prestar acuerdo.
Más de un mes después, el 3 de noviembre, la Corte cerró finalmente el tema ratificando el traslado de los jueces pero señalando que eran “provisorios” y que estaban vigentes en sus cargos hasta tanto se realizara un nuevo concurso que respetara el trámite constitucional.
“Nunca hubo en el derecho argentino ni en la designación de los actores una referencia a que el traslado sea definitivo, por lo tanto, no hay derechos subjetivos ni aplicación retroactiva de la ley”, dijo la Corte en sus fundamentos y concluyó: “Las costumbres contrarias a la Constitución no generan derechos”.
En medio de estas tensiones, la Corte debió administrar el sistema judicial y aplicó las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno, ante la pandemia de coronavirus, estableciendo una “feria judicial extraordinaria” que se prolongó desde fines de marzo a mediados de julio.
La pandemia aceleró la conversión que ya venía realizando la justicia de un sistema en papel y presencial a uno digital y remoto, a través del expediente electrónico, la firma digital, el trabajo a distancia y los acuerdos virtuales.
El siguiente hito de la Corte llegó a mediados de noviembre, cuando ordenó al gobierno de Formosa que permita el ingreso de los ciudadanos que reclamaban ingresar a la provincia, en salvaguarda de un grupo que llevó su pedido al máximo tribunal por encontrarse varados en los ingresos provinciales.
El tribunal consideró por unanimidad que las medidas sanitarias preventivas del gobernador Gildo Insfrán, constituían “limitaciones irrazonables a la autonomía personal” y que ellos afectaba el derecho a la libre circulación consagrado en la Constitución Nacional.
Pocos días después, el 3 de diciembre, los cinco jueces del tribunal volvieron a ocupar el centro de la consideración pública cuando dejaron firme la condena del exvicepresidente Boudou, invocando el artículo 280 que faculta a la Corte a no intervenir en los expedientes que no quiere, sin fundamentos.
Al rechazar intervenir, la Corte confirmó la condena a 5 años y 10 meses de prisión, aplicada en primera instancia y ratificada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal.
“Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”, dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero a horas de publicarse la decisión.
Pero la crítica más directa y abierta llegó con una carta difundida por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la que acusó a los ministros de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare”.
“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, señaló la vicepresidenta que tiene abiertos procesos judiciales por su gestión presidencial.
A la voz de la expresidenta se sumó la del presidente Alberto Fernández, que señaló el 11 de diciembre, en declaraciones radiales, que “en la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”.
“En los últimos 10 años la Corte Suprema solo uso en dos ocasiones el per saltum: por la ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces” dijo el primer mandatario y añadió: “Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la ‘sana discreción’ le dice que no intervenga cuando condenan a un exvicepresidente a cinco años de prisión”.
