El abogado Tomás Pérez Bodria presentó una denuncia contra los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quienes acusó de haber “abusado de su autoridad”, al rechazar sin exponer argumento alguno los recursos que se habían presentado contra las condenas dictadas en el caso Ciccone, entre las que estaba la del exvicepresidente Amado Boudou.
El abogado, que además es integrante de la conducción nacional del movimiento político sindical Primero la patria, acusó a los miembros de la Corte de ser los “garantes” de la continuidad del denominado “Lawfare” –guerra jurídica- a nivel local contra quienes conformaron la oposición política al Gobierno de Mauricio Macri.
“La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene una enorme responsabilidad en que ese mecanismo siga vigente”, sostuvo hoy Pérez Bodría durante un reportaje radial en el que detalló que la “guerra” supuestamente desatada contra quienes integraron el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene como actor principal a una “entente” conformada por “el Poder Judicial, algunos medios masivos de comunicación y el poder real”.
La denuncia contra Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por “abuso de autoridad” y “prevaricato” –dictar fallos arbitrios y no conformes a derecho- quedó radicada por sorteo ante el juzgado federal 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini.
El abogado denunciante explicó en una entrevista que le concedió a Radio 10, que la presentación judicial fue radicada luego de notar “desde hace tiempo y con preocupación la incidencia del ´lawfare´ en la política nacional”.
En el texto de la denuncia –al que accedió Télam-, el abogado remarcó que “es la utilización de una muy diversa vara para resolver casos que denotan como factor común el principio de ´trascendencia´” lo que lo impulsó a efectuar el planteo ante la justicia.
El abogado destacó que esa “disparidad” quedó en evidencia cuando los mismos jueces decidieron en cuestión de días desestimar a un planteo formulado por un exvicepresidente de la Nación contra una condena a 5 años y diez meses de prisión en su contra, mientras que dieron tratamiento una ´per saltum´ -un recurso de salto de instancia- presentado por tres jueces trasladados que se oponían a volver a sus cargos de origen “después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri”.
“¿Cobró para los cortesanos una trascendencia tal que se sintieron obligados a habilitar una vía extraordinaria y casi nunca utilizada, como la del salto de instancia planteado por tres jueces subrogantes cuya solución, además, estaba en manos de un tribunal contencioso administrativo que había decidido pronunciarse en esos días y, por el contrario, no avizoraron la existencia de idéntica o mayor trascendencia en el pronunciamiento de un fallo relativo a una condena de un exvicepresidente de la Nación, y reconocida referencia política de un amplio espectro de la misma?”, se preguntó el abogado.
Además, recordó que, junto al planteo contra su condena, los abogados del exvicepresidente habían acercado a la Corte Suprema una serie de “hechos nuevos” cuando denunciaron que, según información periodística respaldada con documentación oficial, uno de los declarantes estrella del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, había sido beneficiado durante el Gobierno de Macri con una paga de 1 millón y medio de pesos para el desarrollo de un hotel boutique en Mendoza.
