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El Estado nacional retomó oficialmente la operación de los seis corredores viales que fueron concesionados a empresas por el gobierno de Mauricio Macri, a través del sistema de Participación Público Privada (PPP).
La decisión, anunciada el 1 de diciembre pasado, se formalizó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1036/2020.
De esta forma, la empresa estatal Corredores Viales se hará cargo de la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario y a la usuaria, de estas rutas y autopistas.
Corredores Viales es una empresa cuyo capital social está compuesto por el Ministerio de Obras Públicas, en un 51%, y por la Dirección Nacional de Vialidad, en un 49%.
Se hará cargo de las seis concesiones rescindidas por 10 años, que se suman a otras cinco que la firma estatal recuperó entre enero y junio de este año.
Los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Los acuerdos fijaban tarifas dolarizadas durante 30 años, y las empresas eran las que iban a establecer las tarifas.
En 2019, las concesionarias de los PPP recibieron subsidios por $ 7.000 millones, a lo que hay que sumar otros $ 3.000 millones que recaudaron por el cobro de peaje, mientras que este año Corredores Viales no recibió subsidios del Estado.
El decreto destacó “el avance mínimo de las obras, muy por debajo de aquellos compromisos asumidos por los excontratistas PPP”, por lo cual remarcó que “resulta necesario disponer, con la urgencia que el caso amerita, de fondos que permitan solventar las obras y el mantenimiento de los corredores viales bajo el nuevo régimen que se propicia, como parte del Sistema Vial Integrado”.
Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
Así, las concesiones se fueron extinguiendo por mutuo acuerdo de manera progresiva, y el 30 de setiembre fue el turno de los primeros corredores, E y F; el 30 de noviembre continuaron los A y SUR; el 4 de diciembre el C; y el 15 de diciembre el B.
Con la absorción de estas seis concesiones, Corredores Viales pasa a administrar unos 6.600 kilómetros, y a ser la empresa más importante en administración de rutas y autopistas.
El total de kilómetros administrados por Vialidad Nacional son alrededor de 9.000 kilómetros.
Entre enero y junio, Corredores Viales recuperó la operación de cinco concesiones, equivalentes a 3.200 kilómetros.
También absorbió 1.400 trabajadores en la primera parte del año, a los que ahora se suman 1.700 más.
“Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas”, aseveró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a principios de mes cuando se tomó la decisión.
Sostuvo que “fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero”, y precisó que “las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más”.
“Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares”, señaló Katopodis.
Una promesa de inversin millonaria que nunca ocurri
Eso seis seis corredores viales, con una extensión total de 3.200 kilómetros de rutas nacionales, atraviesan las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.
El plan de obra nueva para esos corredores implicaba obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades.
La inversión total estimada para estos corredores de la primera etapa superaba los US$ 8.000 millones en total, US$ 6.000 millones durante los 4 primeros años y más de US$ 2.000 millones durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras complementarias y de mantenimiento.
Los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Los acuerdos fijaban tarifas dolarizadas durante 30 años, y las empresas eran las que iban a establecer las tarifas.
El sistema impulsado por el gobierno de Mauricio Macri contemplaba esencialmente su financiamiento a través de una parte del impuesto al gasoil, para las obras; y con el ingreso por peaje, para el mantenimiento y operación del corredor.
Para el pago de estas obras de la Etapa I, que comenzaría a realizarse en 2021, no se crearon nuevos impuestos, debido a que se iban a utilizar recursos existentes que antes se destinaban a otros gastos, entre ellos el subsidio de los mismos corredores antes de la concesión.
En 2019, los privados recibieron subsidios por $ 7.000 millones, y además obtuvieron ingresos por $ 3.000 por el cobro de peajes.
Sin embargo, el decreto 1036/2020 que dio terminados los contratos aseguró que hubo un “avance mínimo de las obras, muy por debajo de aquellos compromisos asumidos por los excontratistas PPP”, que el Gobierno precisó en menos del 2%.
