La suspensión de las PASO pierde impulso y el Gobierno busca evitar más internas

que los gobernadores le pidieran avanzar con el proyecto y ahora evita fijar una posición, en un intento por hacer equilibrio y no agitar más tensiones dentro del oficialismo. Por eso, a quien le pregunta, el Presidente asegura que no se trata de un tema sobre el que deba opinar el Ejecutivo y dice que el futuro de la iniciativa tendrá dependerá de los diputados y senadores. Este mensaje se repitió en las últimas horas.

Con todo, el proyecto, que tiene una motivación sanitaria por la pandemia pero la intencionalidad política de reordenar la oferta opositora, parece haber perdido impulso. No sólo porque salió de la agenda pública, luego de que los gobernadores con cierto apoyo de la Casa Rosada se habían esforzado por instalarla antes de que en el Congreso comenzara el debate por la legalización del aborto.

También parece enfriarse porque tampoco se cumplirá con la hoja de ruta inicial, que contemplaba que se aprobara fuera del año electoral.

Aunque no hay ninguna ley que prohíba introducir cambios electorales el mismo año en el que se vota, cuando se comenzó a hablar del proyecto en el Gobierno admitían la conveniencia de que no se dilatara la discusión para evitar costos políticos adicionales. No pasa inadvertida la amenaza siempre latente de que Juntos por el Cambio lo pueda usar para abonar el eje de campaña de la supuesta falta de institucionalidad en la Argentina y agitar comparaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero curiosamente, aunque los gobernadores están dispuestos a pagar ese costo, e imponer la supremacía parlamentaria, el plazo para la aprobación de cambios en la ley electoral fue uno de los argumentos que plantearon desde el kirchnerismo duro al poner reparos a la suspensión.

El otro gran eje giró en torno a la necesidad de un acuerdo amplio con JxC, más allá del apoyo -festejado acaloradamente por la Casa Rosada- de los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), ya que la suspensión de las PASO a nivel nacional requiere leyes “espejo” en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal tienen la llave. Por el momento, ambos dirigentes mantienen firme su rechazo a la suspensión, al igual que el ala dura cambiemita. Y sin ellos, la suspensión nacional sería poco efectiva en lo que respecta a la estrategia sanitaria: casi la mitad del padrón electoral de la Argentina tendría que ir a votar igual para elegir cargos provinciales y locales.

En las primeras líneas de La Cámpora escuchan el reclamo de sus dirigentes territoriales que quieren usar la herramienta de las PASO para competir en los distritos, pero aseguran que los reparos a la suspensión no tienen que ver con esa aspiración de la agrupación sino con la intención de que sea un acuerdo por consenso. “Teniendo el Ejecutivo, los cargos no son un problema. Se puede contener a todos”, razonan. 

Con todo, en el oficialismo todavía prevalece el freno a la iniciativa que puso la vicejefa de bloque del FdT, Cecilia Moreau, que semanas atrás advirtió que no estaba en agenda el tema. La legisladora, surgida del Frente Renovador de Sergio Massa, quien está a favor de suspender las PASO, también trabaja en tándem con Máximo Kirchner.

Hasta el 3 de enero, el Congreso todavía puede motorizar el proyecto que tuvo como ideólogo al diputado Pablo Yedlin, cercano al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y establece la suspensión “por única vez” de las primarias. Pero no hay hasta el momento señales de que eso pueda ocurrir.

De hecho, la interna furiosa en el PJ bonaerense entre La Cámpora y un grupo de intendentes, que puede tener un impacto a nivel nacional y, en consecuencia, tensar más la relación del kirchnerismo con los gobernadores, complica un poco más el escenario.

Además, para poder tratarlo en las sesiones extraordinarias, el oficialismo necesita que Alberto F. lo incluya en el listado de ampliación de temas vía DNU. Se descuenta que el mandatario lo va a hacer. Pero aun cuando eso suceda, quedará para febrero ya que en enero habrá receso parlamentario.

No obstante, nadie ignora que se trata de derogar una ley impulsada y defendida a ultranza por Cristina Kirchner.

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