que limita el acceso a la educación pública.”/>
La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna (Frente de Todos), cuestionó hoy la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que consideró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está obligado a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública y aseguró que “violenta” la Constitución Nacional.
“Es una decisión que restringe el acceso al derecho a la educación, desestimula la inversión del Estado para su cumplimiento, desautoriza la Constitución Nacional y de la Capital Federal, y establece un precedente peligroso en esta materia”, afirmó la legisladora nacional en un comunicado divulgado hoy.
En esa línea, Osuna estimó que “es insólito que ante la presentación del Gobierno porteño para revocar un fallo de primera instancia, el mensaje del Tribunal Superior de Justicia sea ceder a presiones a costa de dejar desamparado el derecho a la educación de millones de niñas y niños”.
El TSJ falló que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no está obligada a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública y que las disponibles deben asignarse con prioridad a las familias en condiciones vulnerables.
Osuna recordó que “desde la comisión de Educación venimos trabajando en la dirección contraria, apostando a la inversión educativa como un eje imprescindible para la igualdad y la justicia social”.
Asimismo, la diputada por Entre Ríos consideró que “esta determinación judicial violenta distintos pasajes de la Constitución Nacional, como el art. 5, que expresa que ‘cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”.
Y argumentó que hay un resguardo “en el art. 14, que establece que cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a aprender”.
Finalmente, sostuvo que “también viola la Constitución de la Capital Federal, que en su art. 24 fija que ‘la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine'”.
