
Los intendentes del Gran Buenos Aires y de los principales conglomerados urbanos bonaerenses reconocen que hay otra pandemia que mortifica la vida social. La seguridad pública sobre bienes y personas. Este
martes, el presidente Alberto Fernández comprometió más recursos para mejorar la operatividad contra el delito en la Provincia.
Fue en Almirante Brown, en el acto de entrega de 113 móviles policiales, 15 motos de alta cilindrada, cámaras de seguridad y paradas seguras para el distrito. Es parte del Programa de Fortalecimiento de Seguridad que prevé una inversión del Estado nacional de 37.700 millones de pesos. Está destinado a equipamiento, personal y tecnología.
La presencia de Fernández, en el distrito de Mariano Cascallares, en compañía de Axel Kicillof, tiene el carácter de virtual relanzamiento. El programa ya lleva tres meses de ejecución con resultados dispares. En algunas comunas, con las complejidades burocráticas y administrativas del caso, la asistencia estaría llegando en término. En otras siquiera asoman. En La Plata, capital provincial, las autoridades se quejan de no recibir patrulla equipada alguna. Hay otros en lista de espera.
En setiembre, Fernández, con Kicillof, intendentes, funcionarios del Gabinete nacional, y los diputados Máximo Kichner y Sergio Massa, comprometieron resultados en la prevención y represión del delito. Para ello, entonces, la tramitación de fondos adicionales. También la llegada de 4.000 policías federales, prefectos y gendarmes.
A fines de octubre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro Sergio Berni, presentaron un plan de seguridad y entregaron patrulleros en Esteban Echeverría junto al intendente Fernando Gray. Foto: Municipio de Esteban Echeverría
La premura tenía dos disparadores: la evolución de delitos como robos y hurtos por un lado. Desprotección callejera. Aunque, por cuerda separada, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, defiende que la tasa de homicidios no aumentó. El incremento sería en los delitos menores, una categoría que no registra el Código Penal. Pero, además, había un frente que resolver que involucraba a la fuerza. Después del amotinamiento policial, hubo un incremento salarial promedio del 19,5%, con un plus superior a las categorías inferiores. Esa negociación “planchó” la rebeldía que, incluso, había llegado a las puertas de la residencia presidencial de Olivos, en Vicente López. Por eso la reacción de la Casa Rosada.
No obstante esa tregua, habrá que seguir con detenimiento la evolución de un flamante reclamo de agentes destinados al Operativo Sol, que puso en marcha hace unos días el gobernador, en Mar del Plata, y que se amplía a otros efectivos.
Advierten sobre “el NO pago de los viáticos en tiempo y forma”. A ese ítem agregan que el valor de $ 1.500 de viático para el Operativo “resulta insuficiente”. Los valores, dicen, no alcanzan para pasar el día en la mayoría de los destinos turísticos bonaerenses y obliga a los policías a compartir alojamiento.
La actualización salarial está detrás de las demandas. Las jerarquías más bajas, nuevamente quedaron con sueldos deprimidos en relación al costo de vida. Con dramatismo, plantean que están “por debajo de la línea de pobreza”. El gobierno provincial, después del amotinamiento, elevó a 44 mil pesos el salario de bolsillo, triplicó el valor de las horas extra e incrementó el monto que se paga por uniforme. El problema, insisten, es que la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes ya llega a 51 mil pesos.
Con todos los adicionales, las autoridades del ministerio explican que, al menos, quedarían equilibrados; “No hay ningún agente debajo de la línea de pobreza”.
Alberto Fernández presentó su plan de Seguridad, a principios de septiembre, en la Quinta de Olivos.
Es una tensión en el aire.
En previsión de eventuales conflictos, Fernández procura armar agenda en el Conurbano con renovado compromiso. En el umbral de un año próximo impregnado de necesidad electoral, el Presidente intenta no descuidar una demanda social justificada. La pelea contra el crimen, del organizado y del cotidiano, el que sorprende a los vecinos una vez que traspasa la puerta de sus casas, y aún dentro.
Hace tres meses quedó completado el lineamiento general del “Plan Centinela” que anunciaba el refuerzo con 2.000 patrulleros y 8.000 efectivos policiales más en todo el Gran Buenos Aires. La meta es 2021. Precisamente, con el calendario del comicio legislativo.
El triángulo de las urgencias se completa, en primer lugar, con la búsqueda de éxito del plan de vacunación. Hay otro vértice que Fernández tuvo que revisar: los aumentos de tarifas que su ministro de Economía, Martín Guzmán, había formateado en las conversaciones con la comitiva del FMI. Ese repliegue fue a instancia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Otra vez, en observancias de las urnas. “Si aumentamos perdemos la elección”, de acuerdo con el argumento que atribuyen a la vice.
La seguridad, en ese equilátero político, va adquiriendo su propia dinámica. También la idea del Presidente es desplegar un programa de obras tendientes a construir “puntos seguros” en las paradas de colectivos en el Conurbano con botones de pánico y más cámaras de seguridad, la refacción de unas 200 comisarías y la construcción de cárceles. Todavía es un objetivo mediato.
Hace algunas semanas, en Lomas de Zamora, Kicillof estrenaba discurso: ” A dos meses del anuncio de un plan de inversión, no van a hacer un póster ni un millón de slogans, sino que los móviles de la Policía ya son una realidad para cambiarle la vida de verdad a los bonaerenses”. Falta la concreción del enunciado.
El tiempo consume rápido las palabras. Este martes, el gobernador se aplicó la vacuna Sputnik V como acto de alto simbolismo. Casi en simultáneo con la presencia de Fernández en Almirante Brown entre uniformados. Son los requerimientos políticos de la hora. En ambos casos hay tanta presteza oficial como preocupación de la sociedad.
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