Cristóbal López insiste en ingresar a la moratoria para salvar a Oil Combustibles

fisco $ 8.000 millones, una cifra que continúa en discusión para la defensa.

Después de formalmente en octubre haber requerido ante la AFIP -su principal acreedor-, el ingreso a la moratoria fiscal que Alberto Fernández envió al Congreso, el organismo recaudador realizó una serie de observaciones. En las últimas semanas, antes de concluir el año, el abogado del empresario realizó nuevas presentaciones para obtener la incorporación al plan de facilidad de pago y así, evitar la quiebra definitiva de la compañía.

En mayo de 2018 la justicia Civil y Comercial decretó la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López investigada en la justicia federal por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

La denuncia se radicó por una cifra que asciende a 8.000 millones de pesos. La anterior gestión de la AFIP sostenía que entre punitorios e intereses, la deuda supera los 10.000 millones. La defensa del empresario insiste en que esa cifra no es real y que no adeudaban más de 600 millones de pesos.

Mientras el proceso penal avanza con un juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) presidido por el juez Andrés Basso, en la justicia Civil y Comercial, la jueza Valeria Pérez Casado estaba por concluir el proceso de quiebra que inició hace dos años, hasta que la nueva ley de moratoria fiscal que el presidente Alberto Fernández envió en plena pandemia al Congreso, abrió una ventana de salvataje especial para López.

Una vez promulgada la ley, pidió formalmente ante la AFIP, acceder a la moratoria. Para ello, presentaron sus abogados tres escritos en el marco de la quiebra. El primero solicitaba a la jueza Valeria Pérez Casado, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 5, que detenga la distribución de los U$S 100 millones. Esa cifra es resultado de la venta de los principales activos de Oil Combustibles. Si se avanza con dicha instancia, lo que se hace es concluir con el proceso de quiebra, es decir, la liquidación total de la firma.

Con estos planteos, los abogados de la petrolera ganaron tiempo ante el fisco que a su vez, es su principal acreedor. En las últimas semanas la AFIP realizó una serie de observaciones a la documentación presentada para ingresar a la moratoria. Antes de que concluya el año, se incorporó nueva información en el pedido formulado por López para salvar a Oil de la liquidación final.

Esto pudo realizarse, porque la jueza Pérez Casado accedió a un pedido de las defensas para encabezar ellos los trámites ante la AFIP, para así ingresar a la moratoria. Resulta que Oil cuenta con síndicos designados en el marco de la quiebra y los trámites para obtener el plan de facilidad de pago, no puede ser iniciado por terceros, debe ser hecho por el contribuyente.

Fue así que a mediados de octubre, Oil Combustibles comenzó a tramitar ante el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont el ingreso al plan de facilidades de pago. Este trámite es prácticamente automático una vez que se solicita. Por eso los abogados Oil pidieron a la justicia que hasta “el ingreso inicial al acogimiento a la moratoria fiscal 2020, se mantenga la suspensión de los actos liquidatorios”.

Lo que la oposición manifestó antes esta situación, es que no tenía sentido que una empresa quebrada y sin funcionamiento pueda pedir una moratoria, aún cuando sus dueños están bajo juicio oral por un supuesto fraude multimillonario al Estado. Las modificaciones que impulsó el Gobierno sobre la ley, ahora habilitaron este nuevo escenario.

La nueva normativa incorporó como excepción que podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas que estén en proceso de quiebra, en un traje a medida para López. Y además, ahora sí pueden ingresar las deudas generadas por el ITC. Así, López busca que la deuda de Oil ingrese en la moratoria y obtener un plan de pagos que además proporciona una quita de intereses.

El número de la deuda

Como parte del proceso, quedará saber qué deuda reconoce la AFIP. El juicio penal se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.

Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP, con la cual fue beneficiada por Ricardo Echegaray.

Hay otro reclamo reciente por parte del fisco: le reclaman una deuda de 20 millones de pesos generada durante estos dos años de su proceso de quiebra. La cifra que Oil finalmente podría incorporar a la moratoria, abre así, otro gran interrogante.

Según estableció la justicia federal en la instrucción de la causa, la petrolera fue utilizada por López para no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner. La deuda ascendió a 8.000 millones de pesos, y con dichos fondos -que mes a mes debían tributarse- el empresario K “se financió y amplió su conglomerado” adquiriendo más firmas, según corroboró la Justicia.