Dos especialistas en género explicaron, en el juicio unificado por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes e “Infierno” durante la última dictadura cívico militar, que los represores utilizaron la violencia sexual y ejercieron un “mayor ensañamiento” hacia las mujeres secuestradas por haberse salido del “rol tradicional de la estructura social patriarcal”.
“Existió un mayor ensañamiento y mayor crueldad hacia las mujeres, una expresión más exacerbada del continuum de violencia de género que viven históricamente las mujeres en la sociedad”, explicó la investigadora Alejanda Paolini.
La especialista remarcó que para el régimen represor “las mujeres eran malas madres, malas esposas, además eran asesinas, guerrilleras y putas; hay innumerables testimonios de que así eran nombradas y agredidas, a diferencia de los varones. Había una diferenciación en cómo se dirigían a las mujeres, un mayor castigo”.
Paolini y la investigadora Maria Sondereguer, ambas especialistas en género y en delitos sexuales cometidos por el Terrorismo de Estado, declararon hoy como testigos de contexto en el marco del juicio unificado por los delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los tres centros clandestinos de detención.
Los centros investigados son los que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense: el Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y el que funcionó en en la Brigada de Lanús y fue conocido como “El Infierno”.
Paolini destacó que las agresiones sexuales se cometieron “de forma continua, reiterada y masiva”, y aseguró que las violencias sexuales tenían como finalidad causar dolor, castigar, disciplinar” y se ejercía en patota “y en la clandestinidad y con impunidad”.
Por su parte, María Sondereguer, explicó que “es en el cuerpo de las mujer donde los varones inscriben su rol de poder”.
Aseguró que las violencias sexuales “eran un disciplinamiento hacia mujeres que se habían salido de su rol tradicional”.
“Bajo un paradigma que consideraba a la violación como un delito contra la honestidad este tipo de violencia buscaba destruir la moral, la honestidad, la dignidad, el honor de la mujer y el honor de los hombres ligados a esa mujer”, precisó.
Sostuvo que muchas víctimas no pudieron denunciar estas violencias sexuales sufridas en centros clandestinos “para proteger su dignidad, su honor y el honor de los varones ligados a esa mujer dentro del paradigma patriarcal, pero hoy esas mujeres son grandes, sus hijos ya han crecido, no tienen que proteger a sus hijos”.
“Hoy sienten la necesidad de denunciar porque hay una transformación profunda de marcos interpretativos de la violencia de género y porque una forma de reparación la da el espacio de la justicia, que dice qué está bien o mal e indica quien es el culpable de una conducta”, apuntó.
Ya se cumplieron dos meses de iniciado este juicio unificado que juzga a 17 represores, entre ellos al represor multicondenado Miguel Ángel Etchecolatz.
El fiscal de juicio Juan Martín Nogueira expresó a Télam que el balance del juicio, realizado de manera online debido a la pandemia, es “altamente positivo”.
“Se exhibieron muchos testimonios de personas ya fallecidas, tuvimos la posibilidad de escuchar de vivenciar declaraciones claves en otros juicios, como la declaración de Nilda Eloy, Adriana Calvo, Chicha Mariani, fue muy importante poder vivenciarlos”, destacó.
Consideró que la proyección de esos testimonios realizados por los sobrevivientes de centros clandestinos en anteriores juicios “tienen algo de reparatorio, de alguna manera eso (su visualización) compensa el derecho a declarar que por razones biológicas hoy no pudieron ejercer”.
