Luego de que el Senado aprobara la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el pasado 30 de diciembre, con el pasar de los días comienzan las preguntas sobre su implementación.
“Somos conscientes de que va a ser más sencilla la implementación de la ley en ciudades y provincias en las que el sistema de salud viene trabajando con las ILE (interrupción legal del embarazo), donde hay protocolos y ya compran y tienen provisión de misoprostol“, afirmó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
A su vez, señaló que “no es la misma situación la de la provincia de Santa Fe, que produce misoprostol, que la de Mendoza, donde está prohibida su venta. Es un camino diverso. Habrá que dar estrategias muy distintas según donde estemos“.
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Tras la sanción de la ley, se espera la promulgación de parte del Ejecutivo, con un veto parcial en dos artículos, compromiso asumido para sumar apoyos, y la reglamentación, en la que ya trabajan varios ministerios, entre ellos el que conduce Gómez Alcorta.
Días atrás, el ministro de salud,Ginés González García, dijo a Página 12 que “el desafío grande va a ser la aplicación, teniendo en cuenta las dificultades que hemos visto en los últimos años con la interrupción legal de embarazo, que era parcial y ahora será más amplia”. En cuanto a la autoridad de aplicación, la cartera de Salud tendrá el papel principal.
El funcionario anticipó que la norma se pondrá en marcha “a máxima velocidad” e informó que el Estado está comprando misoprostol al Fondo de Población de Naciones Unidas y tramitará la autorización de mifepristona. “Estamos incentivando para que algún laboratorio público o privado la fabrique en el país“.
Gómez Alcorta explicó además, cuál será el rol del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el camino que recién comienza: “Estaremos trabajando de la mano con Educación y Salud en capacitaciones a médicos y médicas. Además, nos ocuparemos de todas las violencias por motivos institucionales, obstétricos, que el sistema de salud pueda generar a mujeres y personas gestantes, como lo venimos haciendo con la ILE”.
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Asimismo, sostuvo que en casi todas las provincias “hay espacios de salud en los que se lleva adelante la interrupción legal. La situación va a mejorar. Más allá de la obligación del acceso a la práctica, la ley quita de por medio la amenaza penal. Pienso, sobre todo, en las provincias en las que no hay protocolo de ILE, que funciona como un espacio de garantía para el médico o médica”.
“En 2012 la Corte estableció que se debían armar protocolos para no obstaculizar. Sin embargo, hay provincias que no los tienen o no los tienen adecuados al nacional”. Las jurisdicciones que no poseen tal protocolo son: Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes.
Por su parte, Alcorta consideró que “la despenalización del aborto tendrá un efecto inmediato, en términos de la imposibilidad de realizar acciones penales a mujeres que interrumpan su embarazo hasta la semana 14 de gestación. De acuerdo a un reciente informe del CELS, en la actualidadhay 1.532 mujeres con causas penales por aborto en 17 provincias”. “Va a haber, además, un efecto en todas las causas que ya existen. Tienen que extinguirse. Eso es inmediato. Se tiene que hacer de oficio. No es algo que tenga que salir a pedirse”, agregó la abogada.
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El reclamo de inconstitucionalidad
La senadora Silvia Elías de Pérez, referente “pro vida”, anunció que algunos senadores que votaron en contra de la ley irán a la Justicia para reclamar una supuesta inconstitucionalidad de la ley. El juzgado federal Nº 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria de enero para tratar una acción de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud por la ILE. El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos la declaró competente.
Algunos medios informaron que la presentación iba contra la recientemente aprobada ley de IVE, algo que sería imposible en tanto no esté promulgada. De todos modos, grupos “pro vida” de Salta adelantaron que en el momento en que eso ocurra también acudirán a la Justicia para buscar la anulación.
En tanto, Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Nación y una de las redactoras del proyecto, aseguró que lo que se votó es “robusto y sólido jurídicamente” y que “es común que quien pierda quiera judicializar”.
CFT/FeL
