La aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) fue el primer paso y si bien el aborto en Argentina ya es legal, todavía resta saber cómo será
la implementación de la ley. Quién regulará a los objetores de conciencia, si la práctica estará garantizada en todos los niveles de atención de la salud, cuál será el circuito de profesionales que intervendrá en cada caso, de qué forma se distribuirá la medicación en los centros o cuál será el presupuesto son algunas de las dudas que se despejarán con la reglamentación de la norma. Desde el Gobierno aseguran que no se dejarán “grises” que obstaculicen el acceso real a este nuevo derecho pero, por ahora, no adelantan información.
Hay tres funcionarias que están detrás de la reglamentación: la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Acorta; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. “Sabemos que hay presión y ansiedad, pero esta no será una de esas leyes que se aprueban y quedan archivadas”, responden desde el oficialismo aunque no dan precisiones. Dora Barrancos, investigadora y asesora de Alberto Fernández, sabe de las dudas que hay, sobre todo en las regiones más conservadoras de la Argentina, pero insiste en que todo estará contemplado: “Estoy segura que la reglamentación será detallada. Los detalles serán fundamentales para que no haya una redacción difusa que dé lugar a interpretaciones equívocas”, aseguró a NOTICIAS.
La confianza oficial, sin embargo, no deja de reconocer algunos problemas. Gómez Alcorta, por ejemplo, reconoció que la aplicación de la norma no será tarea fácil en todo el territorio nacional. En aquellas provincias que tienen protocolos para la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (es decir, los abortos que ya estaban contemplados en la legislación previa) habrá menos inconvenientes que en las que no los tienen. Las diferencias territoriales se manifiestan en todos los detalles: por ejemplo, mientras que hay lugares como Santa Fe donde se produce misoprostol, el fármaco indicado para esta práctica, en otros como Mendoza su venta está prohibida.
Desde el ministerio de Mujeres explicaron que la promulgación de la ley hará caer automáticamente las causas penales abiertas contra mujeres que hayan abortado. Según un informe del CELS, en Argentina el número de expedientes por este asunto es hoy de 1532 distribuidos en 17 provincias.
Dudas. La posibilidad de que los profesionales de la salud que, por convicciones personales, no accedan a realizar abortos fue contemplada en los artículos 10 y 11 del proyecto. El texto indica que estas personas tienen la obligación de derivar a las pacientes “sin dilaciones” y contempla sanciones ante el incumplimiento. Además, establece que los efectores de salud que no cuenten con personal para realizar la práctica deberán garantizar la derivación.
Soledad Deza es abogada de “Mujeres x Mujeres Tucumán” (una de las provincias más resistente a la legalización) y una de las referentes que mira con atención este proceso. Según ella, la ley que aprobó el Congreso “es clarísima y suficiente. No necesita reglamentación, sino implementación”. Sin embargo, reconoce que en este punto es donde hay que prestar mayor atención. “Se debe hacer hincapié en que es una obligación del Estado regular y controlar el recurso humano que tienen el sector público, el privado y las obras sociales para que la objeción funcione como una herramienta de defensa del profesional, pero no como una herramienta que habilite retirar de la oferta médica una prestación que ya es lícita”, sostuvo a NOTICIAS.
Otro de los aspectos que se espera conocer es el “circuito”, es decir, saber si las mujeres podrán atenderse en centros de primera atención y quiénes serán los profesionales que abran una historia clínica, le realicen el diagnóstico por imágenes para determinar la semana de gestación, entreguen la medicación y hagan un seguimiento. “En todos los barrios hay salitas, pero no en todos lados hay hospitales. Eso es fundamental para garantizar la democratización del acceso”, insistió la especialista.
En el oficialismo prefieren no adelantar nada. “Paciencia. Se viene trabajando hace meses. Primero había que conseguir los votos y ahora estamos en los detalles”, sostuvo un vocero. El ministro Ginéz González García adelantó que el Estado está comprando misoprostol al Fondo de Población de Naciones Unidas y que se incentivará la producción local.
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