La ex diputada Elisa Carrió, y un grupo de diputados de la Coalición Cívica denunciaron finalmente al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de la cual hoy es miembro, pese a ser asesor informal de Cristina Kirchner.
En su escrito le pidieron a la presidenta del tribunal que forma parte de la Organización de Estados Americanos, la costarricense Elizabeth Odio Benito, que se abra un proceso disciplinario para que se investiguen las conductas y declaraciones de Zaffaroni, quien suele expresarse en polémicos términos políticos partidarios-para el cargo que detenta- y siempre en favor de los funcionarios de la gestión K que tienen causas o están presos por hechos de corrupción.
A sabiendas de que es muy difícil de que la Corte abra un proceso de destitución de Zaffaroni, que en todo caso precisaría acuerdo de los Estados parte, los diputados apuntaron a que por lo menos pueda haber sanciones, por lo que constituye “una flagrante violación de la normativa vigente y de los deberes a su cargo como magistrado.”
El pedido fue enviado a la Corte el viernes a la noche, luego de que esta semana así lo anunciaran a través de un comunicado que firmaron por la última polémica que generó Zaffaroni: además de criticar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone y que confirmó después la Corte Suprema, arremetió contra una decisión judicial de revocar su prisión domiciliaria.
“La herramienta legal y solución inmediata que hay ahora para estas cosas es el indulto, si no, van a seguir los presos políticos, sin dudas”, subrayó Zaffaroni en una entrevista de radio. Y agregó: “El indulto es un acto político y de Gobierno que existe en todas las Constituciones”, soltó y hasta comprometió con su impacto al presidente Alberto Fernández, que debió salir a aclarar que no está pensando en esa solución para los presos K tal como presionan desde su propio espacio.
El pedido de apertura de un proceso disciplinario contra el letrado y al que tuvo acceso Clarín lo firman además de Carrió los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli y Javier Campos, entre otros. Son los mismos que firmaron el comunicado de esta semana en el que consideraron las afirmaciones sobre Boudou -y en definitiva una presión al presidente Alberto Fernández- como intolerables, “realizadas con ignorancia y mala fe, que violan la Constitución y los tratados internacionales contra la corrupción”, señalaron.
El escrito con los fundamentos jurídicos salió también con copia al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández García, y a la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, María del Carmen Roquebert León.
Son numerosos las declaraciones y reuniones políticas de Zaffaroni con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios, a los que ha asesorado siendo ya juez de la Corte Interamericana que es clara -afirma el pedido a Elizabeth Odio Bendito al señalar que cuando asumen su cargo, los jueces jueces juran o declaran solemnemente que ejercerán sus funciones “con honradez, independencia e imparcialidad” y que guardarán “secreto de todas las deliberaciones”.
Y además señalaron los denunciantes la Convención Interamericana de los Derechos Humanos -que dio vida a la Corte- hace hincapié reiteradamente a la lucha contra la corrupción, a la que considera “como una plaga” que afecta a las sociedades.
En el pedido de apertura de un proceso disciplinario de Carrió, Ferraro y López, entre otros enumera algunas de las más controvertidas actitudes de Zaffaroni, a quien la ex presidente ha puesto como ejemplo de la buena conducta en sus embates a la Corte Suprema actual: la firma de una solicitada a favor de Boudou bajo el título “Con Lawfare no hay democracia”. O declaraciones como las siguientes: “el comportamiento de la Corte Suprema es peor que en el gobierno de (Mauricio) Macri”; “durante el Gobierno de Macri no hubo una sentencia de la Corte Suprema tan aberrante como la de Boudou”; cuyo arresto domiciliario “lo tiene en razón del riesgo de pandemia y por razones familiares”. Dijo que “los funcionarios actuales tienen miedo de lawfare, del cacerolazo, de Clarín y de que le apliquen alguna denuncia”.
Señalaron que al solicitar el indulto de ex funcionarios condenados por corrupción, Zaffaroni “desconoció de manera flagrante la normativa constitucional de su país y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la que fue integrante.” de cuya lectura se excluye “los beneficios del indulto y la conmutación de penas” para estos casos.
Zaffaroni fue elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2016, tiempo después de su renuncia a la Corte Suprema de Justicia de este país.
En su momento, hubo numerosas impugnaciones. Entre ellas estuvo la de la titular de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, quien entre otras razones acusó al magistrado de parcialidad.
Pero además de enumerar razones jurídicas sobre el funcionamiento del juez, Cohen Agrest recordó que en el plano personal, el juez para ser nombrado ante la Corte Suprema argentina “debió regularizar su situación de infractor a la ley tributaria”.
Y desde siempre, tuvo conflictos con la ley penal: “el juez alquilaba sus propiedades a una red de 10 prostíbulos. Prestigiosas ONG denunciaron esta actividad ilegal ante la Procuración General de la Nación. Pero dado que el juez había delegado la administración de sus alquileres en su (entonces) pareja, Ricardo Montiveros, éste se declaró culpable de violar la ley de profilaxis sobre las casas de tolerancia, y pagó una irrisoria multa con lo cual logró regularizar la situación”.
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