La controversia por los sucesivos proyectos, medidas y declaraciones del oficialismo respecto del funcionamiento del Poder Judicial y los expedientes que tienen procesados -y hasta condenados- a decenas de ex funcionarios
de los gobiernos kirchneristas podría tener un nuevo capítulo en los organismos internacionales: varias organizaciones civiles presentaron un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los “ataques de la justicia”, y pidieron su intervención. “La normativa Interamericana dispone que el fortalecimiento de la Justicia y la división de poderes requiere, ante todo, de medidas para prevenir el daño”, le recuerdan.
“Las organizaciones y actores sociales firmantes de esta comunicación tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitar, por su intermedio, y en los términos del artículo 66 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una audiencia de carácter general en el marco del próximo 179° período ordinario de sesiones, con el objeto de presentar información sobre la grave situación de violación a la independencia judicial y del ministerio público que tiene lugar en la República Argentina, como consecuencia del accionar del gobierno de nuestro país, situación que constituye una violación directa de las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Pacto de San José de Costa Rica (arts. 8 y 25, entre otros) y de la Carta Democrática Interamericana”, dice el impactante primer párrafo de la presentación dirigida a la secretaria ejecutiva de la Comisión, Maria Claudia Pulido.
“Los ataques contra la independencia judicial y del ministerio público en nuestro país tienen como objetivo generar una situación de impunidad por graves hechos de corrupción“, asegura el texto firmado por FORES, Bloque Constitucional -una agrupación de abogados independientes que participa de las elecciones del Colegio Público de Abogados porteño-, el Club del Progreso, Acción Conjunta Republicana-Justicia, Será Justicia, el Capítulo Argentino del Observatorio Internacional de Prisiones, Cultura Democrática, el Centro de Investigación y Capacitación de Emprendedores Sociales (CECIC), Democracia Global, Contadores Forenses y la abogada especialista en Ética y Corrupción Patricia Manusovich.
Con el pedido, las organizaciones buscan “brindar información a la Ilustre Comisión Interamericana sobre hechos que vulneran los derechos humanos afectando la independencia judicial y a la independencia del Ministerio Público, y que procuran encubrir graves actos de corrupción y generar situaciones de impunidad; y solicitar a la CIDH un seguimiento de la situación que se expondrá, de modo tal de lograr generar acciones estatales que lleven a mejorar una situación de violación de derechos humanos”.
“Solicitamos a la ilustre Comisión la convocatoria a la audiencia al gobierno de la República Argentina con el fin de dar cuenta de estas serias problemáticas a partir del desarrollo de los hechos e irregularidades que se señalan”.
La presentación busca conectar los hechos presentes con el anterior proyecto K para “democratizar la justicia”, cuya columna vertebral fue derrumbada por la Corte por inconstitucional, “Esta Ilustre Comisión ya ha debido tratar amenazas similares en el año 2013. En la actualidad, asistimos a una reiteración de tales ataques. Lo que motiva este pedido de audiencia, es que lo que se observa hoy en nuestro país no es sino, lamentablemente, continuidad de aquellas políticas“.
“El Estado argentino, a través de importantes funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, está utilizando las instituciones del sistema judicial para generar impunidad a funcionarios, ex funcionarios y allegados acusados de corrupción y otros graves delitos”, denuncian las organizaciones civiles.
“Tal como se expondrá con mayor detalle en la audiencia, desde el actual gobierno nacional se busca, por diferentes medios, afectar la independencia de la justicia y de las fiscalías, para lograr el cierre de las causas que afectan a integrantes del gobierno y allegados a este”, sigue el texto, con citas al caso Ciccone y las reacciones oficialistas tras la confirmación de la condena a Amado Boudou.
Anticipando el contenido de la exposición ante una eventual audiencia, el pedido afirma que “el ataque a la independencia se plantea a través ataques a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ‘reforma judicial’, el ilegítimo traslado de jueces para evitar que intervengan en las causas de corrupción, las presiones a los jueces para lograr resoluciones en línea con las ideas del gobierno, los ataques a la independencia del Ministerio Público y las presiones del Estado Argentino a favor de ex funcionarios condenados o procesados.”
“Los hechos descriptos son de una inusitada gravedad y socavan la independencia judicial con la finalidad de beneficiar a diferentes funcionarios y ex funcionarios de nuestro país, en causas de corrupción”, analizan. “La normativa Interamericana dispone que el fortalecimiento de la Justicia y la división de poderes requiere, ante todo, de medidas para prevenir el daño. Tal es la finalidad de esta solicitud.”
“La Jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara en considerar que acciones como las descriptas a lo largo de esta presentación viola el derecho interamericano.”
“Los hechos desarrollados en la presente solicitud son acciones reiteradas del Estado Argentino que, por ello, requieren el compromiso urgente de esta Comisión para atender nuestro pedido. No es posible soslayar, como se señaló al comienzo de nuestra presentación, que la Ilustre Comisión ya celebró hace casi ocho años, una audiencia sobre hechos que, hoy, se repiten” subrayan los peticionantes.
Por eso, las organizaciones piden que la “ilustre Comisión” llame a la audiencia solicitada e inviten a participar de ella al gobierno argentino y a representantes de todas las entidades que firman la solicitud.
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