Los presos K que quieren quedar en libertad acumulan delitos graves: lavado, violencia y corrupción

parte de la Corte Suprema, desde diferentes sectores vinculados al oficialismo salieron a pedir morigeraciones e indultos para los detenidos. Y ahora se sumó una solicitada publicada en medios oficialistas en la que piden la “libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas”.

Pero lo cierto es que la gran mayoría de los ex funcionarios, dirigentes y empresarios K que están detenidos fueron investigados e incluso condenados en expedientes graves que incluyen las figuras de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, violencia y otros delitos vinculados a la corrupción.

El caso del ex vicepresidente Boudou es el más claro. Fue condenado en un juicio oral a la pena de cinco años y 10 meses de prisión por haberse quedado con el 70 por ciento de las acciones de la máquina de hacer billetes, la empresa Ciccone Calcográfica, junto a un grupo de amigos y testaferros. La confirmación de su condena lo dejó en una pésima situación para conseguirla libertad. Aunque aún está bajo arresto domiciliario, el juez Daniel Obligado determinó en el último día hábil del 2020 que el e vice debe volver a prisión. Su defensa apelará y la situación se resolverá tras la feria judicial.

Además del caso Ciccone, Boudou es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado. En el marco de esa causa estuvo detenido con una prisión preventiva a fines de 2017.

Milagro Sala, por quien también vienen pidiendo indultos y libertad, tiene varias causas abiertas y condenas en diferentes juicios orales. Se encuentra detenida con arresto domiciliario desde 2016 y tuvo fue condenada a tres años de prisión en suspendo por un escrache que incluyó daños contra el entonces Senador y actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Había sido absuelta por amenazas, pero un fallo reciente de la Cámara de Casación complicó su situación aún más: revocó un fallo que había considerado extinguido el delito de amenazas de la líder de la Tupac Amaru y ordenó a la Justicia de esa provincia volver a fallar sobre ese delito.

Sala también fue condenada a 13 años de prisión en la causa conocida como “Pibes Villeros” por ser jefa de una asociación ilícita que se encargó de un fraude en perjuicio de la administración pública. Además fue condenada por extorsión.

Hay más casos de presos K que tienen causas complicadas en sus espaldas. El ex piquetero Luis D’Elía, uno de los organizadores de la marcha “Una Navidad sin presos políticos”, fue condenado a 3 años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaria en el año 2004. En agosto pasado, la Corte Suprema ratificó que debía cumplir esa sentencia. Hoy está bajo arresto domiciliario, un beneficio que consiguió, al igual que Boudou, en el medio de la pandemia de coronavirus.

El caso del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, también es emblemático. Tiene múltiples causas vinculadas a hechos de corrupción. Está procesado en el expediente de los cuadernos de las coimas por ser parte de la asociación ilícita que recolectaba coimas, enfrenta el juicio oral por corrupción en la obra pública junto a Cristina Kirchner y está procesado en la causa que investiga desvió de fondo en la mina de Río Turbio, entre otros casos. Por este último expediente estuvo detenido con una preventiva, luego obtuvo el beneficio de la domiciliaria y en marzo pasado finalmente quedó en libertad. Ahora podría volver a prisión luego de que la Cámara de Casación confirmara la condena a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once.

En la lista también aparecen los ex ministro de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Jaime aceptó que recibió dádivas, fue investigado por enriquecimiento ilícito, está procesado por la compra irregular de trenes chatarra de España y Portugal, por el caso de los cuadernos de las coimas y en sus años de esplendor llegó acumular un patrimonio difícil de explicar. Tenía un yate, propiedades de lujo en la Ciudad y Córdoba y hasta una posada en Brasil, entre otros negocios. Sigue detenido en el penal de Ezeiza con preventivas.

Lázaro Báez, el empresario K que era amigo íntimo de Néstor Kirchner, también está asediado por la Justicia. Hoy enfrenta dos juicios orales, el de corrupción en la obra pública -que investiga los contratos millonarios que le entregaron sin control- y el de la Ruta del Dinero K donde lo acusan de haber lavado al menos 60 millones de dólares. Est juicio reiniciará las audiencias en febrero tras la feria judicial y tendrá sentencia.

Báez hoy sigue detenido bajo arresto domiciliario en un lugar secreto. Tras el escándalo que provocó que le otorgaran el beneficio en medio de la pandemia que incluyó protestas de los vecinos en el country Ayres del Pilar-, la Justicia ordenó mantener bajo reserva el lugar de detención. La situación de Báez es levemente diferente a las de otros supuestos “presos políticos” según el discurso K. Aunque fue cercano a Kirchner y mantuvo negocios con su familia, no suelen aparecer voces del oficialismo pidiendo por la morigeración de su pena. 

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