El Gobierno y los abogados del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex titular de la AFIP Ricardo Etchegaray y del empresario K Mario Cifuentes apelaron a la Cámara
Federal de Casación Penal la reducción y la anulación de los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli y el periodista de Clarín, Daniel Santoro, respectivamente, en el caso D’Alessio. El tribunal marplatense aceptó los recursos y los remitió a Casación.
La Cámara Federal de Mar del Plata en diciembre redujo a dos los procesamientos que el juez de Dolores y miembro de “Justicia Legítima” Alejo Ramos Padilla había dictado contra Stornelli. Son dos de acción privada, es decir que deben impulsaron los querellantes.
En un fallo histórico a favor del periodismo de investigación y el secreto de las fuentes periodísticas, el tribunal de alzada marplatense –integrado por los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza- también anuló los dos procesamientos de Santoro en los llamados caso Brusa Dovat y Cifuentes.
Las resoluciones de la cámara marplatense acotaron la megacausa que armó Ramos Padilla y los operadores judiciales de Cristina Kirchner en Dolores.
Los querellantes intentaron relativizar el valor de la libertad de Expresión y de Prensa señalando que “no son derechos absolutos”.
El fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata no fue apelado por el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi, Pedro Etchebest, ni por Brusa Dovat y más de otros 15 querellantes.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Carlos Cruz y depende directamente del presidente Alberto Fernández se refirió al caso del ex directivo de PDVSA Brusa Dovat donde Ramos Padilla encuadró una entrevista como una coacción.
La UIF sostuvo que “los elementos probatorios escrutados no resultan bastantes para sostener que ese interés por obtener una primicia hubiese llevado a Santoro a colaborar en la amenaza a Brusa Dovat para que concediera una entrevista”. El recurso de Casación de la UIF está firmado por Javier Castelli con el patrocinio de la abogada María Fernanda Cruz.
La UIF apeló en este caso de Dolores, pero no lo hizo en la causa de lavado de dinero derivada de los Cuadernos de las Coimas o en la concesión de la prisión domiciliaria a Amado Boudou, entre otras.
Luego el organismo antilavado sostuvo que “los objetivos de los informes de inteligencia (de D’Alessio) que fueron materia de investigación en la presente causa, se encuentran expresamente prohibidos por el artículo 4 de la ley de inteligencia y son violatorios de los principios que rigen el Sistema de Inteligencia Nacional”.
Sin embargo, todos los informes con el membrete de la AFI, la DEA o el ministerio de Seguridad de Israel que tenía D’Alessio son truchos, se demostró en la causa.
La UIF pidió que debe confirmarse la competencia del Juzgado Federal de Dolores en los casos conexos conocidos como GNL y Mafia de la Aduana que la Cámara de Mar del Plata ordenó sean investigados en los tribunales de Comodoro Py.
El abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi presentó tres apelaciones. Una por el ex ministro, otra por Cifuentes y otra por el mismo que fue aceptado como querellante por Ramos Padilla aunque nunca procesó a nadie por este caso.
En la apelación de Cifuentes, quien tenía el año pasado una deuda de 1.200 millones de pesos con la AFIP y una causa por supuesto lavado de dinero, Rusconi dijo que “El quid de la cuestión, entonces, pasa por lo siguiente: la libertad de prensa, en tanto garantía, implica que el ejercicio de la prensa no puede quedar restringida por controles previos sino tan solo por la responsabilidad ex post que pudiera llegar a caberle a quien mediante el ejercicio de la prensa incurra o participe en un ilícito penal y/o civil (cuestión que es la que, precisamente, se corrobora en el caso)”.
En este sentido, “deben tenerse los lineamientos que desde sus primeros fallos ha mantenido el Máximo órgano Constitucional del país según los que no existen derechos absolutos sino que aquellos se encuentran limitados por las normas que reglamentan su ejercicio (criterios retomados, reproducidos y mantenidos en el icónico precedente “Ponzetti de Balbín””.
Por su parte, el abogado de Etchegaray César Raúl Sivo dijo que ante casos como el de D’Alessio “es deber del Estado investigar a fondo estos casos que claramente rememoran a una de las épocas más obscuras (SIC) de nuestra historia”, trazando un comparación con la los delitos de lesa humanidad de la dictadura.
Sivo –quien también es el abogado de los dueños del prostíbulo Madaho´s de Mar del Plata- sostuvo que los hechos investigados no están “directamente vinculados a su rol de periodista (de Santoro), sino más direccionado a operar mediáticamente a los fines de perjudicar la vida democrática de nuestro país”.
El abogado Sivo subrayó que “aportar información completamente falsa a sus lectores nunca puede ser un ejercicio leal del periodísmo (SIC)”. Sin embargo, la Cámara Federal de Mar del Plata, luego de un profundo análisis, dijo que las noticias de Santoro contenían información “equilibrada”. Etchegaray nunca desmintió el contenido de las notas del periodista.
Sivo terminó su recurso de Casación con más prejuicios contra el periodismo. “Los medios masivos de comunicación son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia”. “(…) Un poder no debe ser ilimitado o absoluto. En la historia, cuando aquél ha existido, ha avasallado las libertades y derechos fundamentales de los individuos”, finalizó el abogado de Etchegaray.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
