Alberto Fernández encabezará este jueves el acto para promulgar la legalización del aborto que el Senado sancionó el 30 de diciembre. Es una promesa cumplida de la campaña del Presidente; se
trata acaso del legado más importante de la gestión del Frente de Todos hasta la fecha. En el Gobierno lo saben. El proyecto fue enviado e impulsado por Fernández e ideado por una de sus funcionarias de mayor confianza, Vilma Ibarra.
La secretaria Legal y Técnica será una de las oradoras de la ceremonia en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. En el estrado también acompañarán a Fernández el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García, y su par de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Habrá referentes feministas, de instituciones médicas y actrices presentes, pero también una ausencia notable: Cristina Kirchner. La vicepresidenta continúa sus vacaciones en Calafate. ¿Participará de manera virtual? En el Gobierno señalaron que se la invitó como a todos los actos oficiales.
En el Ejecutivo negaron cortorcircuitos políticos entre los máximos exponentes del frente oficialista. Prueba de ello fue el recorrido que encabezó Fernández este miércoles con Máximo Kirchner y Cafiero en Baradero. El presidente de Diputados, Sergio Massa, sí asistirá a la Rosada.
El Gobierno tiene 8 días desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial para garantizar su cumplimiento. A partir de entonces, todas las mujeres mayores de 16 que cursen embarazos podrán interrumpirlos hasta la semana 14 de gestación sin que medie causal alguna ni costo. La práctica -eminentemente química- se incluirá en el Plan Médico Obligatorio (PMO) del sistema de Salud.
Las instituciones médicas tendrán un plazo de 10 días a partir del requerimiento para cumplir con el deseo de las solicitantes.
Si algún profesional entorpeciera o demorara sin motivos la interrupción del embarazo, podría afrontar penas de 3 meses a un año de prisión y ser inhabilitados de manera permanente. El personal de salud podrá optar por la objeción de conciencia siempre y cuando puedan derivar la atención a otro médico de forma inmediata. La instituciones privadas que se opongan deberán hacer lo mismo.
A pesar de que la sanción de la ley fue celebrada en el Gobierno como un triunfo político, el Ejecutivo insiste -de cara al año electoral- en surcir las heridas que dejó el debate, que atraviesa a l a sociedad y también al bloque oficialista en el Congreso.
Con esa mirada, enfatizan que el Presidente también promulgará la ley de los “mil días”, que el Ejecutivo envió al Congreso junto con el proyecto de aborto legal, para garantizar asistencia económica y alimentaria a los menores de 3 años. “No queremos que nadie que no quiera abortar tenga que hacerlo”, recordaron en la Casa Rosada.
No solo habrá ausencias de peso en el oficialismo. Invitaron a diputados y senadores opositores que comulgan con la ley, pero muchos de ellos hasta el momento rechazaron la propuesta.
El breve receso del Congreso explica solo algunas de las ausencias. Silvia Lospennato, del PRO e integrante del grupo de “sororas” que se forjó en Diputados en 2018 -cuando el proyectó fue rechazado en el Senado- se excusó precisamente por estar de vacaciones. Romina del Plá, del Frente de Izquierda tampoco sería de la partida. Muchos de los miembros “verdes” de las fuerzas mayoritarias y minoritarias de la oposición no quieren participar de un festejo que sienten ajeno.
El Presidente se había comprometido en la campaña a enviar un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto. Su antecesor, Mauricio Macri, en 2018 habilitó la discusión en el Congreso, pero se opuso a su aprobación. Esta vez la dinámica se repitió. En el PRO creen que en su electorado hay mayoría de “celestes”.
El envío del proyecto y la sanción de la ley le generaron al Presidente cortocircuitos con la Iglesia. Ocurrió durante su visita al Vaticano en enero del año pasado y durante el debate en el Congreso. Los obispos no saludaron al jefe de Estado para el fin de año, como es tradición.
En el Gobierno la agenda de género llegó para quedarse. No solo por el ministerio creado ad hoc. El Ejecutivo analiza -en sintonía con el debate en decenas de países- proyectos para reconocer la economía del cuidado y el trabajo no remunerado.
Un pequeño símbolo se inaguró este miércoles: un baño sin distinción de género en la Casa Rosada. “Un bañe para todos”, bromeó un funcionario.
Más allá de la humorada, en la sede del Ejecutivo consideran la medida como un símbolo de la dirección del Gobierno.
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