El juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa
humanidad en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, investigados en el marco de la causa conocida como “Primer Cuerpo de Ejército”, informaron fuentes judiciales.
Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención Mansión Seré; y cinco se habrían desempeñado en el centro de detención Cuatrerismo.
Los seis imputados por los crímenes del circuito represivo de lo que fuera la Subzona 16, a cargo de la Fuerza Aérea y conformada por los partidos de Morón, Merlo y Moreno, se suman a los dieciocho que ya fueron elevados a juicio por los mismos hechos y que resultaron condenados en el marco del juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Entre los nuevos detenidos elevados a juicio están el entonces Vicecomodoro de la Primera Brigada Aérea de Palomar Alejandro Noel Lazo, el Teniente Primero de la misma Brigada, Juan Carlos Herrera, y el entonces Cabo Primero José Juan Zyska; quienes fueron imputados por su actuación en Mansión Seré y por el cautiverio sufrido por víctimas en la Brigada Aérea de Palomar, donde también funcionó un centro de detención clandestino.
Entre los juzgados también están Ernesto Rafael Lynch, quien ocupaba el cargo de Capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno donde también se habría alojado a detenidos ilegales; el Cabo Primero Julio César Leston, y el Personal Civil de Inteligencia Arturo Rafael Giménez, ambos de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron responsabilizados como autores de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a las personas alojadas en la Comisaría de Castelar, donde funcionaba uno de los más cruentos centros de tortura del circuito represivo.
En la elevación a juicio, Rafecas tuvo por probado el cautiverio de ciento veintisiete víctimas y el funcionamiento como centro clandestino de al menos tres Brigadas Aéreas (Palomar, Morón y Moreno) y seis Comisarías, en donde las víctimas eran sometidas a salvajes torturas”
En la resolución se señaló que la VIII Brigada Aérea de Moreno, que hasta el momento no tenía visibilidad concreta como centro de detención, constituyó un lugar de torturas y que también de ella dependían la Comisaría de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey la Subcomisaría de Francisco Álvarez.
Por otro lado, se hizo una descripción de la actuación de las llamadas “Tres Marías”, denominación que habría sido asignada a tres camionetas de la Fuerza Aérea que bajo el mando del Capitán Lynch patrullaban las calles y secuestraban a las víctimas.
En el marco de la misma megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, bajo el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, el Juez Rafecas elevó a juicio el tramo referido al centro clandestino de detención Cuatrerismo, que funcionó en la llamada zona de Puente 12, en La Matanza, incluso desde antes del golpe de Estado.
Esa elevación abarca a cinco Oficiales de Policía de provincia que se desempeñaron en el centro clandestino, de los cuales uno de los imputados es el ex Oficial del Ejército, Enrique José del Pino, ya condenado por los crímenes cometidos en el circuito Atlético, Banco, Olimpo.
El juez Rafecas “tuvo por acreditado que Del Pino, como Teniente Primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, asistía a Cuatrerismo, en donde interrogaba a los detenidos bajo torturas”, señalaron fuentes judiciales.
El resto de los imputados son Enrique Osvaldo Gauna, en aquel momento Oficial Principal de la División Cuatrerismo; Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno, ambos por entonces Cabos de la misma División; y Néstor Alberto Ciaramella, por entonces Oficial de la División.
En la resolución el Juez repasó varios testimonios, a partir de los cuales pudo reconstruir que la División Cuatrerismo, funcionó bajo el mando del Comisario Inspector Juan Modesto Carabajal, fallecido en enero de 1977, exclusivamente como centro clandestino de detención, en donde los detenidos eran sometidos a condiciones inhumanas de cautiverio y a torturas físicas de tal salvajismo, que muchas víctimas murieron por la tortura.
Los cinco elevados a juicio se suman a las 16 personas procesadas por Rafecas por considerarlas responsables de los crímenes de Cuatrerismo, de los cuales 13 fueron ya elevados a juicio.
