“Prisión efectiva a Amado Boudou”: la carta pública que firmaron más de 500 dirigentes políticos, empresarios y referentes sociales de Mendoza

Mendoza, la provincia que fue génesis de la denuncia de la causa Ciccone que llevó a la condena al vicepresidente de Cristina Kirchner, pide “prisión efectiva” de quien consideran “un delincuente imputado, procesado, juzgado y condenado en todas las instancias judiciales”.

La misiva fue difundida en la noche de este viernes y está firmada por legisladores, funcionarios e intendentes que integran Cambia Mendoza, la coalición que gobierna Mendoza y que forman la UCR, el PRO, demócratas y otras fuerzas de centro izquierda.

Entre los primeros firmantes aparecen el ex gobernador y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el actual vicegobernador Mario Abed y el diputado del PRO, Omar De Marchi.

También aparecen artistas como el folclorista Pocho Sosa, la coreógrafa Jovita Kemelmajer, el empresario Rodolfo Vargas Arizu y el militante del Mendo Exit (corriente separatista) Hugo Laricchia.

Titulada “Prisión efectiva a Amado Boudou”, la carta pide respeto a la Justicia que “no persigue a personas por sus pertenencias políticas”.

Es una respuesta a la solicitada del domingo pasado publicada en medios oficialistas. Allí, con críticas a los medios de comunicación, a la Justicia y al macrismo, una grupo de dirigentes y referentes de los sectores más duros del kirchnerismo salieron a pedir la “libertad de Amado Boudou”, quien tiene una condena firme de cinco años y diez meses por el caso Ciccone.

Ahora es un grupo de mendocinos que pide ser oído: “En la Argentina de hoy no hay presos políticos. Hay políticos presos y entre ellos se encuentra Amado Boudou“, arranca el pronunciamiento.

Y lo califica al ex vicepresidente como “delincuente imputado, procesado, juzgado y condenado en todas las instancias judiciales, contando en todas ellas con derecho de defensa de acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente”.

En un párrafo destaca la larga batalla judicial que han tenido estas causas por corrupción: “La Justicia argentina no persigue a personas por su pertenencia política. No hay ninguna guerra, salvo el combate contra el delito tal cual le ordena a nuestro Poder Judicial la Constitución Nacional”, dicen los firmantes mendocinos.

Y se presentan como “ciudadanos de una provincia en la cual están condenados por delincuentes dos ex intendentes kirchneristas (Luis Lobos, de Guaymallén, y Sergio Salgado, de Santa Rosa) sin que nadie los trate de ‘perseguidos políticos’ ni les firme solicitadas a su favor”.

Haciendo gala de la institucionalidad de una provincia que no tiene reelección del gobernador y permite la alternancia política en sus gobiernos, dicen: “No estamos acostumbrados que se idolatre a delincuentes y no queremos que gocen de ningún privilegio: que cumplan su pena en un penal y no en una mansión”.

Con la advertencia de la crisis social que la posiblidad de una amnistía o indulto para Boudou significaría, afirma: “La reclamada libertad de Boudou pondría en riesgo la convivencia entre argentinos”.

Y cierra: “La lucha contra la justicia politizada para favorecer a una facción o perjudicar a otra es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes políticos”.

A continuación, el texto completo de la carta pública y los firmantes:

Corresponsal en Mendoza.

LP​