Quién es quién en el sistema de salud, el sector que el Gobierno tiene en la mira

vinculadas a la Seguridad Social y el sector privado.

Antes de la pandemia, el gasto en salud equivalía al 9,4% del PBI. Comprende el gasto del sector público, de las obras sociales y el gasto de bolsillo de la población, incluyendo el que va a las prepagas, según Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud y ex Superintendente de Servicios de Salud.

El 60% de la población argentina tiene la cobertura médica a través de las casi 300 obras sociales e institutos de salud, incluyendo el PAMI, y brinda servicios propios y a través del sistema público y de 5.500 clínicas, laboratorios y sanatorios privados y más de 16.000 profesionales privados.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) suman 20.000.739 los titulares y familiares adheridos a más de 210 obras sociales sindicales. Además, funcionan obras sociales provinciales para el sector público y obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina, mientras la casi totalidad de la población con mayor riesgo –jubilados y pensionados- se atiende a través del PAMI.

En las obras sociales sindicales, unos 12 millones son empleados en relación de dependencia más sus familiares, poco más de 5 millones son jubilados y pensionados con la cobertura del PAMI, casi 2 millones son monotributistas, incluidos los monotributistas sociales, y el resto se completa con personal doméstico y beneficiarios de la prestación por desempleo.

Así, el sistema de obras sociales tiene la mayor cobertura de salud, seguido del hospital público con otro 35% y el resto corresponde a los diversos sistemas privados que se financian con los aportes directos de sus afiliados.

Las obras sociales sindicales tiene su origen en la propia actividad y reciben los aportes de los afiliados en relación de dependencia y las contribuciones obligatorias de las empresas, en tanto los monotributistas pagan una suma fija ($ 1.041,22 que aumentará en un 35,3% desde este mes si se aprueba el proyecto de ley enviado al Congreso). Así, OSECAC (Comercio) es la más numerosa, seguida de otras como Rurales y Estibadores.

Un porcentaje de esos ingresos van al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que asiste al sistema de tratamientos y enfermedades costosos (SUR)  y otorga subsidios a las obras sociales más chicas.

En tanto, en el Presupuesto Nacional 2021, el Ministerio de Salud tiene previsto un total de $ 158.355,6 millones.

En el sistema privado hay 701 entidades que brindan medicina prepaga, que cuentan con 6 millones de beneficiarios, incluyendo los que provienen de traspasos de obras sociales. Las cifras incluyen sociedades comerciales, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, obras sociales del personal de dirección y las que tienen planes de adherentes, complementarios o superadores.

De estos números oficiales se desprende que funcionan en todo el país más entidades de medicina prepaga de lo que habitualmente se supone. Pero el sistema está muy concentrado: 10 entidades tienen más de 4,5 millones y unas 400, menos de 5 mil usuarios. Esto pasa porque es muy alto el número de entidades que brindan servicios parciales como odontología o emergencias médicas o en determinadas regiones o ciudades chicas.

Por lejos, OSDE encabeza el ranking con más de 2 millones de usuarios, seguida de Swiss Medical, con un millón. Luego siguen Galeno, Sancor, Medifé, Omint, Sociedad Italiana, Medicus, ACA Salud y Prevención Salud.

Al igual que muchas obras sociales, las entidades cuentan con clínicas o sanatorios propios y/o tercerizan o contratan los servicios de internación, radiología, laboratorios, y de los 16.000 profesionales privados.

Se estima que más de la mitad de los alcanzados por la medicina prepaga es gente joven, de menos de 40 años, mientras que en la otra punta, con más de 65 años, solo el 19%. Una relación etaria que, desde el lado de los costos, favorece al sistema privado.

Los planes de salud prepagos varían según la estructura familiar, pero para una familia tipo ronda los $ 15.000 y más de $ 20.000 mensuales. Para la gente mayor, por el mayor riesgo médico, afiliarse por primera vez a una prepaga tiene una tarifa altísima.

La medicina privada avanzó de la mano de los acuerdos con las obras sociales, que se intensificó con el proceso de desregulación, iniciado en los años 90. Básicamente se trata de empleados de altos ingresos que pueden acceder con el aporte obligatorio a una cobertura mayor o están dispuestos a pagar la diferencia para disponer de un plan superior.

En la década de los 90, a partir de la desregulación del sector se permitió el traspaso de los afiliados de obras sociales derivando los aportes obligatorios del sistema. Eso permitió que obras sociales más chicas se asociaran con prepagas y captaran afiliados de mayores ingresos quienes pasaban a recibir las prestaciones de la medicina privada.

Según la Superintendencia, desde mayo de 1998, las obras sociales que recibieron el mayor número de traspasos, más de 300.000, fueron la del Personal del Organismo de Control Externo, Petroleros, Comisarios Navales y del Personal del Automóvil Club Argentino.

Los pagos de esos afiliados a las prepagas son deducibles hasta el 5% de la ganancia neta de cada año de la base imponible del impuesto a las Ganancias, lo que aligera el impacto de las cuotas sobre los afiliados con el consiguiente costo fiscal para el Estado.

Según el INDEC, en los “Servicios sociales y de salud públicos” hay 472.000 puestos de trabajo y en el sector privado 634.000: registrados figuran 319.000, otros 177.000 son no registrados y 139.000 son puestos de trabajo no asalariados.

AQ

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