Pese al escándalo con su empleada doméstica, Alberto Fernández ratificó a Victoria Donda en el INADI

frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al prorrogar por 180 días la intervención de ese organismo. 

Así lo establece el decreto 22/2021, publicado en el Boletín Oficial con la firma de Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

De esta manera, se extiende la intervención dispuesta por el decreto Nº 587, del 8 de julio de 2020, en el Inadi, organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Hace algunos días, Donda quedó en el medio de la polémica luego de que su empleada doméstica denunciara que la ex diputada le ofreciera un contrato en INADI o anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa.

“Le iniciamos una demanda penal y otra en el fuero laboral“, por delitos contra el Estado y contra la empleada, dijo el abogado de Arminda Banda Oxa quien trabajaba en la casa de Donda.

El abogado difundió un audio, en el que Donde le dijo: “Yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan o algo, podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renunciás, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Igual, después se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso. Y entiendo también que necesites tu plata. En los planes están cobrando unos 10.000 pesos y las contraprestaciones pueden ser cerca de tu casa”.

Además, se difundieron mensajes de texto, donde la funcionaria le dijo también: “Decime que querés hacer y si puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI”.

Ante la consulta de Clarín, la funcionaria dio por válidos los audios y mensajes de texto difundidos por el abogado Barsanti. Reconoció los ofrecimientos de un plan social y un contrato en el INADI, aunque le quitó el carácter delictivo a su accionar. Sostuvo que la empleada trabaja con ella desde el año 2016, que la tenía “en blanco” y que “como me dijo que quería renunciar, porque le dolía el brazo, entonces le ofrecí ingresar en el INADI o en algún plan social”.

En los recibos de sueldo que la funcionaria entregó a Clarín figuran pagos realizados por la funcionaria a Arminda, desde julio de 2016, cuando le pagaba $5.000 mensuales, hasta enero de 2021, cuando también le pagaba $5.000, como si le hubiera pagado a su empleada doméstica el mismo sueldo durante cuatro años y medio, sin ningún tipo de actualización inflacionaria. En ese mismo período los aportes laborales fueron subiendo de $176, en agosto de 2016, a $363, en enero de este año, según los recibos aportados por Donda.

“Ella me dijo varios veces que tenía problemas personales, que no podía salir de su casa a hacer nada, porque tiene un hermano internado y que por esa situación no sabía si iba a seguir trabajando conmigo en casa. Como la tengo registrada, le pedí que renuncie, para que no se quede sin nada. Le ofrecí ayudarla con algún tipo de trabajo en el INADI, donde podía ingresar en el sector de maestranza o podía entrar a un programa de promotores contra la discriminación, para la gente de barrios humildes, o sino con algún plan”, dijo Donda a Clarín.

Además, afirmó que, si Arminda renunciaba, “le iba a pagar una indemnización, como corresponde. Pero la están usando políticamente, para intentar perjudicarme”.

Tras la denuncia, Donda quedó formalmente imputada por el fiscal Eduardo Taiano por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.

JPE

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