Indagarán a los abogados Daniel Llermanos y Víctor Hortel por amenazar a un barra que acusó a Pablo Moyano

con pocos precedentes que puede provocar un vuelco en la investigación por supuesta asociación ilícita del dirigente sindical, que hace poco fue desvinculado de la investigación. 

La decisión fue tomada por el fiscal Javier Martínez, quien acusó a Llermanos y a sus colegas Víctor Hortel y Facundo Melo de amenazar a Damián Lagaronne, uno de los once acusados en la causa Independiente, para que hiciera una falsa denuncia contra el fiscal Sebastián Scalera.

En sus fundamentos, Martínez aseguró que “entre el 4 y 6 de diciembre de 2018, el abogado Facundo Melo, quien en ese momento se encontraba designado como defensor de Damián Lagaronne, se presentó en la Alcaidía Nº 3 de La Plata, donde se entrevistó con su cliente a quien, mediante falsas promesas de que obtendría un beneficio procesal en la causa, como también, mediante el uso de amenazas relativas a la seguridad e integridad física tanto de él como de su familia, lo coaccionó para que, condicionado en su voluntad, transcribiera una solicitud de Habeas Corpus y falsa denuncia contra Sebastián Scalera, fiscal de Lomas de Zamora”.

“Así las cosas y siguiendo con el plan, el 10 de diciembre de 2018, el doctor Víctor Hortel se presentó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, donde radicó una denuncia penal y un recurso de Habeas Corpus, denunciando falsamente que el doctor Sebastián Scalera había coaccionado a Lagaronne, y solicitando en virtud de ello que se dispusiera el allanamiento de la Fiscalía General de Lomas de Zamora. A su vez, en dicha presentación el doctor Hortel acompañó y transcribió la nota manuscrita bajo coacción por Lagaronne, dando uso así al documento previamente falsificado”, describió el representante del Ministerio Público.

El 19 de octubre, el fiscal Sebastián Scalera había enviado al hijo del líder del Sindicato de Camioneros a juicio oral. Avanzó en el expediente después que en diciembre del año pasado, la jueza de Avellaneda Brenda Madrid había dado por clausurada la instrucción y envió a juicio oral al barra Pablo “Bebote” Álvarez como jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto (Polaco) Petrov, Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado entre otros.

Esa primera parte del expediente no incluyó a Pablo y a Hugo Moyano, ya que el fiscal Scalera realizó un desdoblamiento de la causa en relación a Pablo Moyano (a quien los otros acusados llamaban “Salvaje”), Ayelén Petrov (hija del Polaco) y Carlos Zambrana (“Carlín” del barrio Pepsi). Todos ellos fueron indagados con posterioridad a los primeros procesamientos, lo que explica el retraso de su definición en el expediente.

En el segundo tramo de la causa se investigaba a Pablo Moyano como jefe de una supuesta asociación ilícita junto a una facción de la barra brava de ese club. Pero en diciembre pasado, la jueza de Avellaneda Brenda Madrid decidió hacer lugar al planteo de Llermanos, quien había requerido el sobreseimiento al sostener que no había pruebas que sustenten la imputación.

Hortel, del Servicio Penitenciario a “la lucha contra el hambre”

Víctor Hortel es un abogado quien tomó notoriedad pública cuando en 2012, cuando era jefe del Servicio Penitenciario Federal, había impulsado a Vatayón Militante, la agrupación que dentro de las cárceles reclutaba presos y organizaba salidas transitorias a eventos culturales sin aval judicial.

Entre los beneficiarios de ese programa estaban -entre otros tantos- presos por femicidio, como el ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez, condenado por el crimen de Wanda Taddei; y Pablo Díaz, quien confesó haber abusado y asesinado a Soledad Bargna; pero Hortel siguió en su cargo.

Una investigación de Clarín, que incluso reveló imágenes de Hortel disfrazado de Hombre Araña compartiendo actos con los presos, no le quitó el apoyo del Gobierno de Cristina Kirchner.

Tampoco cuando trascendió que en un astillero de Puerto Rawson se comenzó a construir un barco artesanal -por un costo cercano al millón de dólares- con el objetivo que presos de la Unidad 6 de Rawson salieran a pescar a altamar y que, luego, procesaran el producto en una planta en el predio de la cárcel.

Hortel recién dejó su cargo en 2013, cuando se escaparon 13 presos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y denunció que personal del SPF que resistía al proceso de transformación le había hecho un pase de “factura”.

Sin embargo, Hortel está “de vuelta”: en septiembre pasado fue designado como director nacional de Coordinación y Proyección Normativa de Políticas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia, el área a cargo de Victoria Tolosa Paz.

JPE