La Corte Suprema sólo usó el 53% de su presupuesto durante 2020

en la ley de presupuesto, claves para pagar los sueldos judiciales, y para llevar adelante adelante los distintos programas previstos.

Ese problema debe ser atendido por el Consejo de la Magistratura, el órgano de administración del Poder Judicial que el año pasado debió pedir un millonario auxilio al Ejecutivo para poder cubrir sus gastos corrientes. Según el presupuesto 2021 votado en agosto por el organismo, este año la Justicia necesitará 70.829 millones de pesos, que en un 94% se destinará a la cobertura de sueldos y haberes.​

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia, contó el año pasado con 14.898 millones de pesos en recursos de parte del Estado y por fuera de su histórico y controvertido fondo anticíclico.Sin embargo, en un contexto de endeudamiento que abarca a todo el Poder Judicial, el máximo tribunal apenas ejecutó $ 7.988 millones, el 53,6% de sus fondos en los primeros 11 meses de 2020, según consta del ejercicio, mes por mes, que figura en la página web del cuerpo.

Nueve programas específicos forman parte del plan de gastos de la Corte para cada año, según el presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo a finales del período anterior. Todos ellos se encuentran subejecutados, de acuerdo al chequeo que hizo Clarín y que constató con fuentes cortesanas, aunque uno puntual no ha realizado movimientos en el período analizado.

​Los números que inclinan la balanza hacia abajo son los que arrojan las planillas correspondientes a “otras categorías presupuestarias”, con fondos previstos en 5.707 millones de pesos, de los que no se utilizaron ni un centavo.Al menos según se advierte en el texto oficial, no fueron girados a otros programas, ya que el flujo de dinero de la partida en cuestión fue aumentando con el paso de los meses. 

Por ejemplo, la oficina de interceptación y captación de las escuchas telefónicas, denominada en la jerga judicial como “Ojota”, y que en los últimos años alternó según el gobierno de turno​ entre la órbita de la Procuración y la Corte, tuvo fondos en 2020 por 900 millones de pesos. A noviembre, cuando resta el último ejercicio por computar, gastó poco más de $ 600 millones, el equivalente a un 66,7% del total.

Los fondos de la “Justicia de Máxima Instancia” son los más suculentos. Se presupuestaron $ 1.910 millones, que reasignación de partidas mediante, se convirtieron en $ 2.545 millones meses después. El gasto total terminó siendo $ 2.181 millones, el 85,4% del global, de los más altos de todos los programas, con la posibilidad de completarlo cuando se consignen los datos de diciembre.

Los gastos de “Administración General” resultan de los más trascendentes también, porque dentro de la planilla de “gastos de personal” se incluyen los salarios de buena parte del máximo tribunal. En total, tras 11 meses, suma $ 1.520 millones en fondos utilizados, cuando el global, también reasignaciones periódicas de por medio, es de $ 1.882 millones. Equivale al 80,7%, también de las de mayor ejecución.

El área denominada “mandamientos y notificaciones”, por su parte, contó con un presupuesto total de $ 1.395 millones, de los cuales ya erogó $ 1.238 millones, el 88%. Es, también, una de las áreas que probablemente totalicen el 100% cuando se culmine el año. Números similares ofrece el apartado destinado al gasto en “dirección pericial”.

​Para 2021, de acuerdo a lo que se desprende de Presupuesto Abierto, el Ministerio de Economía programó fondos para la Corte por 10.434 millones de pesos, que representan casi un 25% más de los fondos que gastó este año, pero casi un 50% menos de los que fueron proyectados en 2020, ya que no se contemplan, precisamente, esos $ 5.707 millones de “otras categorías presupuestarias”, que no se utilizaron este año pero figuran en el registro oficial del máximo tribunal.

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