La política del gobierno de Gildo Insfrán para combatir los contagios de coronavirus en su provincia continúa generando polémica, y ahora la justicia -a través de la Procuraduría de
Violencia Institucional– solicitó informes a la administración provincial respecto a la situación de las personas que se encuentran en los lugares de aislamiento, tras las denuncias realizadas por la oposición.
A raíz de la presentación realizada por un grupo de diputados de la Coalición Cívica ante la Procuración, una unidad fiscal requirió informes al Gobierno de Formosa sobre las condiciones en las que están alojadas las personas aisladas compulsivamente por Insfrán, y también de algunos detenidos por la policía provincial.
Mientras el gobierno de Alberto Fernández rechaza la posibilidad de una intervención de la provincia de Formosa tras las denuncias por las políticas implementadas en medio de la pandemia del Covid19, el Partido Justicialista también cerró filas a favor del gobernador que lleva 26 años frente a la administración formoseña. Hablaron de una persecución política.
En tanto, la Justicia avanza en investigar cómo funcionan los más de cien centros de aislamiento en Formosa.La denuncia presentada por Luis Naidenoff sostiene que los mismos violan los derechos humanos, el derecho a la salud y al medio ambiente, propiciando que se propaguen aún más los casos de Covid.
La Procuvin, Procuraduría contra la Violencia Institucional, solicitó informes al gobierno de Formosa sobre la situación de las personas aisladas en esos centros, ubicados en diferentes puntos de la provincia. El requerimiento fue motivado tras las denuncias por la cantidad de días que las personas permanecen compulsivamente alojados en esos lugares, algunas encerradas incluso sin un resultado de sus testeos.
Los reclamos de los familiares se centran en el pedido de libertad sobre quienes permanecen en los centros, denunciados por sus malas condiciones de salubridad.
El organismo judicial dirigido por Andrés Heim impulsó una investigación preliminar para determinar si existe la comisión de los delitos denunciados por los diputados de la oposición. Apuntaron contra el gobernador Insfrán, incluyendo al ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo Jorge González, pero también a funcionarios nacionales como a Horacio Pietragalla Corti (Secretario de Derechos Humanos de la Nación) y Andrea Pochak (Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos).
El pedido de informes se encuentra dirigido a la Jefatura de Gabinete de la Gobernación, a través de un requerimiento que solicita que se especifique cuál es el protocolo aplicado frente a un caso sospechoso u activo de Covid 19, cómo son las condiciones en que están resguardados los aislados en los centros de alojamiento provinciales.
En tanto, este miércoles el Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla junto a una comitiva viajará a Formosa para “constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos”, según informaron oficialmente.
El comunicado sostiene que la tarea emprendida “busca recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”.
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