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Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba, sostuvo hoy que otorga “firmeza” a la posición del Poder Ejecutivo el rechazo judicial a un amparo presentado por la empresa Telecom contra el decreto que fijó la condición de servicio público esencial a la telefonía, la televisión paga y la Internet.
“Queda claro que el decreto 690, que fue ratificado por el Senado, tiene fuerza de ley y está firme”, dijo en diálogo con Télam el legislador, quien y criticó la decisión de “ciertos grupos de judicializar cuestiones que son de orden político”.
La Justicia rechazó hoy un planteo de Telecom para suspender la vigencia del DNU que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable y que además estableció una Prestación Básica Universal y obligatoria.
La decisión fue del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, quien se negó a dictar una medida cautelar contra la entrada en vigencia de esta norma y resoluciones vinculadas con los aumentos de tarifa, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
Para Carro, en el fondo se juega la recuperación de puntos centrales de la Argentina Digital, que nunca habían sido cuestionados judicialmente pero que fueron derogados, también por decreto, durante la presidencia de Mauricio Macri.
“Es necesario en esta etapa que las comunicaciones -en su sentido amplio- tengan precios accesibles para las grandes mayorías. Pronto vamos a tener que comenzar las clases, hay demoras en la provisión de vacunas y, por lo tanto, vamos a tener que comenzar un modo mixto. La conectividad va a ser muy importante”, dijo Carro en referencia a la Prestación Básica Universal.
Desde su punto de vista, la empresa estaba en una posición “débil” por incumplir con las resoluciones administrativas del Estado en cuanto a las tarifas.
Según las denuncias recibidas por el Enacom, las empresas facturaron en enero con aumentos de hasta el 20% cuando se había autorizado tan solo por 5%.
“Las decisiones administrativas del Estado se tienen que cumplir. Podes cuestionarlas judicialmente, pero las tenés que cumplir”, comentó Carro y estimó que las empresas deberán devolver la sobrefacturación con los mismos intereses que le cobran a los usuarios cuando hay mora.
