La Sala I de la Cámara Federal porteña dejó a Cristóbal López y Fabián De Sousa a un paso de ir juicio oral, por el delito de
negociaciones incompatibles, en una causa en la que se investigó una obra millonaria en Chubut a cargo de CPC SA, la constructora del Grupo Indalo, en la se detectaron -según la SIGEN- varias irregularidades. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron la acusación, mientras que Mariano Llorens votó por darles a los acusados una falta de mérito.
Los dueños del Grupo Indalo habían sido denunciados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por el delito de defraudación al Estado por una obra que su empresa CPC recibió en Chubut, su provincia de origen. El Gobierno de Mauricio Macri la denunció por percibir fondos injustificados en el marco de la licitación y por no concluir la obra.
Según la acusación, el organismo perjudicado fue el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que había contratado a CPC para construir un acueducto para mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, tomando agua del lago Munster. La obra se realizó entre 2013 y 2017.
La SIGEN denunció a ex funcionarios de ENOHSA y a los titulares de CPC, es decir Cristóbal López, su hijo mayor, Cristóbal Nazareno; su socio Fabián De Sousa, y su hermano Osvaldo De Sousa, entre otros.
Después de indagarlos, el fallecido juez Claudio Bonadio procesó a los dueños del Grupo Indalo, encontrándolos responsables de haber cometido una defraudación contra el Estado. Así, los empresarios sumaban un nuevo procesamiento. Pero en el análisis del caso los camaristas Bruglia y Bertuzzi -a quienes el kirchnerismo buscó apartar de sus cargos-, confirmaron la comisión del delito, pero cambiaron la acusación a negociaciones incompatibles.
Los camaristas -con el voto disidente de Mariano Llorens- señalaron que el encuadre es el delito de negociaciones incompatibles ya que E.N.O.H.SA. resolvió modificar el contrato de obra suscrito con CPC el 14-08-2013, “incorporando la provisión, instalación y puesta en servicio de un Sistema de Potabilización por Ósmosis Inversa para la ciudad de Caleta Olivia, en infracción de la Ley de Obra Pública”.
Respecto de esta ampliación contractual, “es dable advertir un desvío en la voluntad administrativa del organismo, que tuvo lugar mediante el apartamiento de las reglas obligatorias de contratación pública, para la inclusión en un contrato vigente de una obra que -por sus características- resultaba distinta e independiente del objeto” del contrato anterior.
Para Bruglia y Bertuzzi la contratación de CPC SA “sin haber pasado previamente por una licitación pública u otro proceso de selección” , no sería el único beneficio al que estuvo “orientada la actuación de los funcionarios del E.N.O.H.SA”. En concreto -indicaron-, conforme el informe de la SIGEN y el peritaje realizado, los precios de la ampliación superaron en 11.843.330,37 pesos el cálculo de los valores de mercado“.
En esta misma línea, agregaron que este exceso fue “reconocido por la propia empresa, que procedió a descontar el importe actualizado de los créditos reclamados al organismo”. Por tal motivo, modificaron el delito y dejaron a los dueños del Grupo Indalo a un paso de ser enviados a juicio oral.
Según el informe de la SIGEN, se pagó a CPC 13.141.942 pesos por “obras incompletas que el ENHOSA certificó como culminadas”, detallando una cantidad de trabajos que figuraban en la certificación. La imputación contra el empresario K y su socio sostiene que en el análisis de los trabajos realizados se detectaron faltante de piezas: “falta de instalación del caudalímetro, falta de conexión al Acueducto de la Aspiración, falta de instalación del conducto de ventilación“, enumera el informe entre otros aspectos.
Otro acto infiel fue que que se aprobó una modificación en el proyecto y se advirtió en dicha obra una infracción a la ley de obras públicas, al momento en que se realizaron las modificaciones al proyecto original alcanzaron un 87,25%, superando así el límite legal previsto por ley”, señala la imputación.
Dentro de las acusaciones contra López y De Sousa, según el expediente, se sostiene que ENOHSA emitió “pagos a CPC por la suma de 21.797.311 pesos en concepto de materiales y equipamiento acopiado en obra sin sus respectivos certificados de acopio, otros 5.388.503 pesos en modificaciones al proyecto que no fueron debidamente convalidadas y 1.422.447 pesos en materiales con certificados de acopio que no fueron instalados en la obra”.
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