
“Cada minuto que esta persona está libre, aumentan las posibilidades de que se fugue”, cuestionaron los abogados de la joven víctima de un abuso sexual en un comercio de Balvanera. Su
agresor terminó de declarar este lunes al mediodía después de haber pedido una ampliación de su indagatoria.
Irineo Humberto Garzón Martínez (35) está acusado de drogar y abusar de una adolescente de 18 años hace 10 días. Ahora, con un nuevo abogado particular, dio su versión de los hechos e intentó desviar la investigación apuntando a una supuesta “relación consentida”.
Osvaldo Cantoro, el abogado contratado por el acusado, visiblemente alterado, dijo en Crónica TV: “Mi defendido dijo la verdad, que no la drogó, no hubo una violación”. Además dijo que la víctima había “fingido el estado de inconsciencia” ante la Policía.
Con esta nueva estrategia de defensa, apuntaron a desacreditar el relato de la víctima. Incluso Cantoro denunció en la entrevista televisiva que la Policía de la Ciudad “le robó el celular y 200 mil pesos de la caja registradora” durante su intervención tras el hecho, aunque reconoció que “no lo va a poder probar”.
Alejandra Cabrera, una de las abogadas que representa a la víctima, manifestó en diálogo con Clarín. “Él está en todo su derecho constitucional de establecer su argumentación como estrategia de defensa. Pero a estos dichos falaces los tendrán que probar. Tendría que explicar por qué la joven estuvo inconsciente durante una hora y media, por qué no abrió la puerta durante media hora cuando llegó la Policía y aportar estos presuntos mensajes de texto previos”, expresó.
Thays , la mamá de la víctima, se descompensó en la puerta de Tribunales al escuchar el relato del abogado.
En paralelo, se presentaron dos denuncias en el Consejo de la Magistratura contra la jueza Karina Zucconi, a cargo de la causa por abuso sexual.
Una de las presentaciones fue realizada por Diego Marías, uno de los consejeros. La otra, por Pablo Tonelli, Diputado Nacional del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también consejero del Consejo de la Magistratura.
Ambas hacen hincapié en la excarcelación con la que la jueza Zucconi benefició a Garzón Martínez, basado en publicaciones periodísticas y en la falta de acreditación de domicilio del acusado en el expediente.
La denuncia indica que, de acuerdo al Código Penal, la pena prevista para el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal” no coincide con la decisión de dejar al acusado en libertad. Tampoco que, en caso de ser condenado, se vea beneficiado con la libertad condicional.
En ese sentido, el consejero Marías sostuvo que la jueza omitió las disposiciones y que resolvió dejarlo en libertad, a pesar de advertir que Garzón Martínez había informado como propio el domicilio de su hermana, que luego se presentó a declarar y dijo que él no vivía con ella, sino que residía en el local de local de la calle Paso 693, donde ocurrió el hecho.
“Dicho de otra forma, la jueza soslayó un dato objetivo que verifica el riesgo de fuga en este caso, y omitió otras circunstancias fundamentales, como el hecho de que el imputado intentó retirarse del lugar cuando los preventores ingresaron al local y que no abrió la puerta del inmueble cuando la policía llamó, manifestando que ‘estaba trabajando'”, argumentó en la denuncia.
En tanto, Tonelli, citó notas periodísticas. “En dicha resolución, la jueza habría asegurado que ‘no hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia’, a pesar de haber considerado que el arraigo del imputado era dudoso”.
Marías, además, pidió al Consejo de la Magistratura que solicite copias del expediente judicial para revisar la actuación de la jueza Zucconi en la causa contra Garzón Martínez. Pero también de que “requieran los dictámenes del Consejo en relación a otras denuncias formuladas respecto de la Dra. Karina Zucconi” y ejemplifica con dos de ellas, a cargo de Juan Carlos Desolus y Rubén Ángel Bres.
En otro de los puntos, solicitó que se requieran copias de las actuaciones en las causas del femicidio de Lucila Yaconis, a quien Isabel Yaconis, la mamá de Lucila, la jueza habría negado la realización de un estudio de ADN. También de la causa por el femicidio de Marianela Rago Zapata, “conforme información difundida públicamente, la Juez Zucconi había sobreseído en cinco oportunidades a Francisco Amador, quien se encuentra imputado”.
“Vamos a Tribunales a pedir justicia porque hoy declara el violador. Señora jueza, escuche a las víctimas, escuche a la Argentina y a todos los países que se han unido en esta lucha de justicia. Hoy es por mi hija que pudo hablar, y por tantas otras que tuvieron miedo”, afirmó Thays, la madre de la joven venezolana, en la puerta de los Tribunales de la calle Talcahuano.
Dos fiscales, Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), apelaron a parte del procesamiento de Garzón Martínez.
“La revocación de su libertad es el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres”, resaltaron en el escrito que acompañaron pero en el que cuestionaron, una vez más, la excarcelación.
“Nosotros acompañamos el pedido de la fiscal que pidieron que sea revocada la excarcelación. Esperaremos a ver qué aporta el acusado en esta declaración y que la fiscal avance con varias medida de pruebas pendientes. La jueza estuvo dos veces delante del acusado, pero jamás escuchó a la víctima”, detalló el abogado de la víctima, Pablo Baqué.
Que además, expresó: “Cada minuto que pase libre aumenta el riesgo de fuga. Necesitamos que la jueza revea esta decisión para que la víctima pueda recuperar su libertad e iniciar un proceso de recuperación porque no está bien”.
Todo empezó el 23 de enero, alrededor de las 14, cuando la denunciante se presentó a una entrevista laboral que había coordinado Facebook. Según relató, el dueño del comercio la invitó a cenar para “poder hablar sobre el trabajo”, pero ella se negó. Finalmente acudió al comercio de la calle Paso al 600 el sábado por la mañana.
Trabajó atendiendo el comercio durante algunas horas hasta que advirtió situaciones que la asustaron. Según su relato, Garzón Martínez le ofreció varias veces algo para tomar hasta que finalmente aceptó un vaso con agua.
“Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, le escribió la joven a su hermana por WhatsApp. Después de varios mensajes pidiéndoles ayuda, la familia logró ingresar al local junto con la Policía de la Ciudad.
Encontraron a la joven en el fondo del comercio y al acusado vistiéndola mientras estaba inconciente.
GL
En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, sólo en 2018 fueron 278. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o ex.
Dónde llamar
Atención para mujeres en situación de violencia.
Atención a Víctimas de Violencia Familiar.
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