Amado Boudou ya logró reducir en diez meses su condena original en el caso Ciccone a 5 años y 10 meses, que fue confirmada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) se la dictó íntegra en el 2018 y la Corte la confirmó en diciembre.
La reducción de diez meses de condena provocó una polemica. Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Petri, presentó un proyecto de ley para eliminar ese beneficio para los condenados por corrupción.
La cuenta determina que con la reducción de diez meses firmada por el juez Daniel Obligado, ya puede acceder a las salidas transitorias y se acerca a la libertad condicional al llegar a los dos tercios de cumplimiento de su acusación.
Sin embargo, sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort no descartan obtener el máximo de lo que contempla el estímulo educativo: una disminución de 20 meses.
Desde montador electricista, organizador de eventos, programador de sistema, hasta un taller de Filosofía fueron algunos de los cursos que el juez de ejecución penal, Daniel Obligado, contempló para reducir la condena por corrupción de Amado Boudou.
Lo que permitió que el ex vicepresidente reduzca sus sentencia diez meses fue el pedido de sus abogados, Rúa y Peñafort (quien además se desempeña como asesora de Cristina Kirchner en el Congreso), apelando al estímulo educativo (artículo 140 de la ley 24.660). Ese fue el argumento invocado por la defensa y que habilita la disminución de los lazos para acceder a alguna salida transitoria, como a la libertad condicional.
Fue en ese marco que -pese a que el fiscal Marcelo Colombo había avalado una reducción de seis meses- el magistrado consideró el curso de Programador de sistema de base de datos de computadoras personales, con una carga de ciento ochenta (180) horas de duración; b) Montador Electricista, con una carga horaria de ciento cincuenta (150) horas de duración.
También tuvo en cuenta el curso de Electricista Instalador, con una carga horaria de cuatrocientas cincuenta (450) horas de duración; d) Práctico en Organización de Eventos, con una carga horaria de ciento cincuenta (150) horas de duración. Todos los cursos estuvieron a cargo del Centro de Formación Profesional Nº 401.
En el fallo que fue denunciado por la oposición como un “indulto encubierto”, el juez Obligado resaltó “la importancia de la educación en el sistema carcelario, y es por ello que considero oportuno asimilar el referido Taller de Filosofía a un curso de formación profesional, ponderando la importancia para el desarrollo personal del incuso”.
Así, al computar la carga horaria de todos los cursos que Boudou realizó durante su estadía en el Penal de Ezeiza, consideró que correspondía reducir su sentencia unos diez meses.
Sin embargo, el planteo de la defensa era aún mayor: había requerido que el juez aplique el máximo de reducción que la ley de estímulo educativo contempla, es decir: veinte meses.
La resolución del juez Obligado aún no está firme, ya que corren los plazos para que sea recurrido por alguna de las partes.
Y aunque fuentes judiciales señalaron a Clarín, que difícilmente la fiscalía se oponga a la diferencia de plazos (el Ministerio Público Fiscal había pedido de una reducción de seis meses), la defensa no descarta ir por más y solicitar diez meses más de reducción.
Al momento de explicar su decisión, el juez de ejecución penal citó el planteo de los fiscales, quienes habían avalado una reducción de seis meses, indicaron que los talleres fueron “cursados y aprobados por el condenado y que cuentan con una carga suficiente como para garantizar así la adquisición y dominio aludidos”.
Amado Boudou sigue estudiando desde su casa, ya que continúa bajo arresto domiciliario. Pero podrá acceder a las salidas transitorias con la decisión de Obligado.
Según se informó ante la justicia, realizó el curso de la Diplomatura en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Asimismo, se inscribió en el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA), del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del cual aprobó algunas asignaturas.
El magistrado que redujo la condena del ex vice, fue quien en abril de 2019, en medio de la pandemia del Covid19, concedió el beneficio del arresto domiciliario al ex vicepresidente al sostener que era conveniente para su núcleo familiar que permanezca en su hogar. Entre otros argumentos, indicó que la condena del Caso Ciccone que lo condujo de nuevo a prisión en agosto de 2018.
Esa situación se modificó el 3 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la sentencia condenatoria por cohecho y negociaciones incompatibles por la adquisición de la ex calcográfica.
Entonces, comenzó la discusión respecto a dónde Boudou debía cumplir la condena que contaba con firmeza. La fiscal Guillermina García Padín y su par, Marcelo Colombo, insistieron en dos ocasiones que debía regresar a la cárcel y allí, a donde había ingresado en tres oportunidades, hacer frente a la sentencia de cinco años y diez meses.
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