El grupo Socma apuntó con dureza contra Gabriela Boquín, la fiscal a cargo del trámite del concurso preventivo del Correo Argentino , por haber procedido de manera diferente en dicho expediente
en relación a su participación en la causa que lleva adelante la quiebra del grupo Oil Combustible, del empresario kirchnerista Cristóbal López.
La compañía, cuyo principal accionista es la familia del ex presidente Mauricio Macri , presentó en la Justicia comercial un escrito de cuatro carillas, al que accedió Clarín, en el que destacó la conducta de la fiscal en sendos expedientes , marcando las diferencias, caso por caso, en el trámite de dichos concursos.
Los abogados a cargo de la defensa, Francisco Castex y Luciano Pauls, adjuntaron una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la que se “pone al descubierto una serie de ilegalidades y demás hechos ilícitos cometidos en el marco de la quiebra del grupo empresario liderado por Cristóbal López y Fabián de Souza “.
Boquín es una aliada de la ex Procuradora General de la Nación y fundadora de “Justicia Legítima” Alejandra Gils Carbó y del titular de la AGN y ex apoderado de los Kirchner, Ricardo Nissen.
Y resaltan, en negrita y aludiendo directamente a la funcionaria del Ministerio Público, “la postura que tomó la fiscal Boquín frente a semejante escándalo jurídico“, pidiendo “determinar si la representante del MPF se ha mostrado tan implacable con los dueños de C5N como lo ha sido en la persecución al Correo y al grupo Socma”.
Prosiguen respecto a que “la respuesta está a la vista y surge del propio fallo”. Citan comentarios de Boquín refiriendo a que “el juez de la instancia anterior prescindió de la producción de prueba y declaró la cuestión como de puro derecho”, a la vez que resaltan los párrafos en los que, sostienen, “llama poderosamente la atención que la fiscal adhiere a lo requerido por la fallida (Oil) adoptando una postura sumamente laxa, rayana a la sospecha”.
Luego comparan su actuación en el proceso concursal de Correo Argentino SA, en el que “recurrió a criterios alejados completamente de la legislación, doctrina y jurisprudencia para aplicar una tasa de interés exorbitante e irreal y emitir dictámenes con contenido falso y contrarios a la ley”.
En un caso (Oil Combustibles) se limitó a decir que no había prueba suficiente, y en el otro (CASA), exigió y peleó por su legitimación activa, instó la causa y requirió celeridad procesal”.
Finaliza, sobre ello: “Las distancias abismales entre su proceder en uno y otro caso, son de una prístina evidencia “.
Además, consideran que “la fiscal mostró su doble vara: actitud que evidencia que en el caso Correo ha excedido sus funciones abusando claramente de su carga y ello demuestra su doloso actuar “.
Como en escritos anteriores, también cargan duramente contra el procurador del Tesoro nacional, Carlos Zannini, a quien acusan por intentar conducir a la empresa a la quiebra desde su función.
Lisa y llanamente, sostienen que “sería conveniente investigar si Carlos Zannini se desempeñó de manera agresiva y persecutoria con el fin de decretar la quiebra de la mencionada empresa (Oil), tal como sucedió en el caso de CASA“.
Y suman un pedido para analizar la actuación de la Inspección General de Justicia y de su titular, Ricardo Nissen, solicitando se indague “si emitió actos administrativos contrarios a la ley impidiendo el funcionamiento normal de Oil Combustibles con el mismo celo y empeño que ha desplegado respecto del caso Correo “.
Socma había solicitado apartar a Boquín de su lugar en noviembre del año pasado, pero la Cámara en lo Comercial rechazó ese planteo. El 14 de diciembre amplió su denuncia contra la funcionaria.
Una causa compleja
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión por 30 años quedó en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.
En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Una raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de $ 296 millones más los interes en concepto de actualización.
A su vez, los ex dueños del Correo presentaron tres reclamos principales contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $ 500 millones y por US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
En junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%.La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “aceptación irregular” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”.El acuerdo nunca fue homologado, y el pago no se hizo.
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