El kirchnerismo avanza en el control de un lugar estratégico para las causas de corrupción

la instancia responsable de revisar los fallos de los jueces que investigan casos de corrupción. La decisión ocurre luego de que el propio Gobierno habilitó el regreso del juez Eduardo Farah a la misma Cámara. En paralelo, el Consejo de la Magistratura, con mayoría kirchnerista, avanza con los concursos para reemplazar a los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes buscaron destituir y la Corte Suprema confirmó hasta tanto se cubran sus vacantes.

La Cámara federal porteña, que funciona en el segundo piso de Comodoro Py, se encuentra integrada por dos salas con tres jueces cada una. Hoy, sólo una de ellas se encuentra integrada en su totalidad, pero dos de sus jueces -Bruglia y Bertuzzi-, regresaron por orden de la Corte Suprema, de manera transitoria, es decir, hasta que se sustancie el correspondiente concurso.

Esos dos jueces estuvieron en el centro del debate el año pasado, cuando el kirchnerismo consideró que sus traslados ocurridos durante 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri, no se habían realizado bajo las exigencias de la ley. Sin embargo, el procedimiento, aunque no pasó por el Congreso para contar con su aval, fue reconocido por una acordada de la Corte Suprema de Justicia.

El planteo del oficialismo comenzó en el Consejo de la Magistratura, responsable de la designación de los jueces, y condujo a una destitución de los dos camaristas hasta que la Corte Suprema ordenó que regresen a sus cargos, pero ya no de forma permanente. Deben realizarse los concursos, que el organismo que preside Alberto Lugones puso en marcha rápidamente. La estadística indica que el nombramiento de un juez -según los datos oficiales-, demora cerca de tres años y medio; ahora buscarán hacerlo en seis meses. 

La importancia de la Cámara de apelaciones radica en su rol frente a las investigaciones impulsadas por los fiscales y jueces de primera instancia de Comodoro Py. Cada procesamiento dictado, cada decisión patrimonial adoptada, así como también las medidas de prueba que se ordenan en el marco de un expediente, son revisadas por esta instancia superior. Fueron, por ejemplo, Bruglia y Bertuzzi quienes confirmaron las acusaciones contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios, en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas.

Esta semana, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la oficialización del regreso del juez Farah a la Cámara. Fue uno de los responsables de ordenar en su oportunidad, la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa donde se investiga la presunta defraudación de $ 8.000 millones al Estado, por el impuesto a los combustibles que no pagaron con firma Oil.

Según el decreto 53/2021, el Consejo de la Magistratura hizo lugar a la solicitud de reintegro del magistrado “teniendo en consideración la expresa manifestación del juez en torno a que no posee interés en participar de los concursos orientados a cubrir las vacantes para las que fuera trasladado”.

Tras ese polémico fallo de 2018, Farah pidió su traslado al Consejo de la Magistratura. Primero fue a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín.

Ahora, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pliego de Boico para ingresar la Cámara federal en Comodoro Py. Hoy es abogado de Oscar Parrilli, y también fue asesor letrado de Cristina Kirchner en la causa que comenzó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el Pacto con Irán.

De este modo, el kirchnerismo avanza con nombramientos en un lugar clave en Comodoro Py. Boico se sumará a la Sala II de la Cámara, donde está el juez Martín Irurzun, criticado por el oficialismo cuando sentó la doctrina por la cual quedó detenido Julio De Vido en una causa por defraudación al Estado. Cuando el Gobierno nombre a los nuevos magistrados, controlará más de la mitad del tribunal.

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