Marijuan pidió sobreseer a Arroyo en la causa por los presuntos sobreprecios de Desarrollo Social

al juez Sebastián Casanello para que dicte el sobreseimiento de Arroyo y de otros imputados.

En la denuncia se los acusaba de haber autorizado sobreprecios en compras directas de alimentos durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus.

Marijuan descartó la “existencia del delito” y pidió sobreseer a Arroyo y a otros 15 denunciados, entre los que se encuentran funcionarios de ese Ministerio y titulares de las empresas alimenticias, de acuerdo al texto al que accedió Clarín.

“De un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes”, concluyó el fiscal.

Respecto a los presuntos sobreprecios, fue tajante al afirmar que “tampoco existe elemento alguno que permite sospechar la existencia de un acuerdo previo de precios por parte de los oferentes, tal como se sospechara en la denuncia”.

Y aclara: “En la mayoría de las contrataciones denunciadas, los valores de los oferentes resultaron semejantes a aquellos precios testigos fijados por la SIGEN, tal como sucede en los casos de la contratación de fideos (precio testigo $ 84.39, precio adjudicado $ 84.77 y $ 85.76)”. En otros con un incremento no superior al 10% del valor sugerido, como sucede por ejemplo en el caso de la adquisición de las lentejas y del arroz.

De este modo, concluye “no se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN”.

Marijuan consideró además que “el estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados”.

“Como se encuentra documentado en la pesquisa, las contrataciones se llevaron a cabo en el marco de la emergencia pública sanitaria -Ley 27.541 y Decreto 260/2020- en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus Covid-19″, agregó el dictamen del fiscal, en el que resalta que “las razones de urgencia y emergencia que llevaron a esa cartera ministerial a celebrar las contrataciones aquí denunciadas, resultan claras y justificadas”.

Añade, también, que “tuvieron como objeto cubrir la demanda de un sector de la población que precisaba de la asistencia del Estado para poder afrontar la situación de emergencia -tanto sanitaria como económica- provocada por la pandemia ‘Covid-19′”.

Sentado ello, detalla Marijuan en una parte del texto, “corresponde mencionar que en cada uno de los expedientes de contratación directa por emergencia aquí denunciados, se encuentra acreditado el procedimiento realizado donde consta el cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos para iniciar el trámite en cuestión, entre ellos, la invitación cursada a cada una de las empresas intervinientes, las que se encontraban inscriptas como proveedoras del Estado, conforme la información obrante en el sistema SIPRO”.

Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes y habían sido denunciadas el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investiguen posibles irregularidades en contrataciones directas autorizadas por Desarrollo Social.

El monto global de las contrataciones fue $ 543.408.400 y en la denuncia la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a “un grupo reducido de empresas” que “en su mayoría cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación”.

Pero la fiscalía sostuvo que a través de diversa prueba ordenada “se documentó ” el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratándose en algunas de ellas de depósitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas”